Colombia asiste a uno de los procesos judiciales más relevantes de su historia reciente: el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Se trata de un hecho sin precedentes, no solo por la magnitud del personaje, sino por las implicaciones políticas, institucionales y sociales que una eventual condena podría acarrear.
Uribe no es un ciudadano cualquiera. Es un actor central del poder político en Colombia durante más de dos décadas. Fue presidente entre 2002 y 2010, senador, líder de una corriente ideológica dominante, y símbolo —para muchos— de una visión de seguridad y orden. Por ello, su comparecencia ante los jueces pone a prueba no solo la imparcialidad de la justicia, sino también la madurez de la democracia colombiana.
El debate no debería centrarse en si es Uribe o no. De lo que se trata es de reafirmar que nadie está por encima de la ley. La independencia judicial debe prevalecer sin presiones ni reverencias. Si hay pruebas suficientes, el debido proceso debe seguir su curso; y si no las hay, debe garantizarse el derecho pleno a la defensa y a la presunción de inocencia. La polarización no puede contaminar la justicia.
Pero el juicio también deja al descubierto una fractura profunda en la sociedad. La figura de Uribe divide: hay quienes lo consideran un prócer moderno y quienes lo ven como un actor oscuro del conflicto armado. Este juicio no sanará esa división, pero puede convertirse en una oportunidad para que el Estado demuestre que la institucionalidad funciona, incluso ante los más poderosos.
La posible condena de Uribe, si llegara a materializarse, no debería celebrarse como una victoria política, sino entenderse como el resultado de un sistema judicial que se atreve a actuar sin distinción de rango. Y si, por el contrario, resulta absuelto, deberá aceptarse con la misma legitimidad, siempre que el proceso haya sido transparente y respetuoso del orden constitucional.
El desafío ahora no es condenar ni absolver, sino confiar en la justicia, exigir transparencia, y mantener la serenidad democrática en medio del ruido. Colombia necesita menos caudillos y más instituciones.
julio 27 2025
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