El Pacto Histórico abrió este jueves una nueva etapa en su consolidación política tras avanzar en su reconocimiento como movimiento ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y poner en marcha una coordinación nacional provisional que tendrá a su cargo la reorganización interna y la estrategia electoral con miras a las elecciones de 2026. Este paso marca un momento clave para la coalición que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia,  que busca ahora proyectarse más allá de la actual administración.

Según lo anunciado, la nueva estructura del Pacto Histórico se enfocará en fortalecer su presencia territorial, definir reglas internas de funcionamiento y preparar los mecanismos de selección de candidaturas para Congreso y Presidencia. La dirigencia del movimiento señaló que el objetivo es ofrecer una plataforma política más cohesionada, capaz de enfrentar un escenario electoral altamente competitivo y fragmentado.

La decisión se produce en un contexto de tensiones internas dentro de la izquierda, marcada por la salida de algunos aliados regionales y el debate sobre el rumbo del Gobierno. Para el Pacto Histórico, el reto inmediato será mantener la unidad de sus diferentes sectores y evitar fisuras que puedan debilitar su capacidad electoral en 2026. Voceros del movimiento han insistido en que la prioridad será la construcción de consensos y la apertura a nuevos liderazgos.

Analistas políticos coinciden en que el reconocimiento formal del Pacto Histórico como movimiento representa una ventaja estratégica frente a otros bloques que aún no logran definir candidaturas ni reglas claras de competencia interna. Sin embargo, advierten que la consolidación organizativa no garantiza por sí sola el éxito electoral, tomando en cuenta el desgaste del Gobierno.

Con esta reorganización, el Pacto Histórico busca pasar de ser una coalición electoral a  un actor político estructurado y permanente. Su desempeño en los próximos meses será determinante para medir si logra capitalizar su experiencia de gobierno y sostener su influencia en el escenario político colombiano hacia el futuro.

FOTO: EL TIEMPO/PRESIDENCIA

Muy pronto, usted podrá consultar la información sobre todos los candidatos inscritos para las elecciones 2006 en esta página: https://ordenpolitico.com

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó este 18 de diciembre el listado definitivo de candidatos inscritos para las elecciones legislativas de 2026, luego del cierre del período de modificaciones por renuncias y no aceptación. En total, 3.144 aspirantes quedaron oficialmente habilitados para competir por curules en el Senado y la Cámara de Representantes, una cifra que refleja la alta fragmentación del sistema político colombiano y la intensidad del ciclo electoral que ya está en marcha.

El cierre de esta etapa marca un punto clave del calendario electoral, pues a partir de ahora los partidos deberán concentrarse en la campaña abierta y en la movilización territorial. Las listas consolidadas evidencian tensiones internas, reacomodos de último momento y la convivencia entre figuras tradicionales y nuevos liderazgos que buscan abrirse espacio en el Congreso 2026–2030.

Este panorama legislativo se cruza con otro hito relevante: el cierre del plazo para la inscripción por firmas de aspirantes a la Presidencia, que dejó alrededor de 16 precandidatos en carrera por la vía de los grupos significativos de ciudadanos. La reducción del número inicial de comités inscritos confirma que, aunque la ruta de las firmas es atractiva, solo una minoría logra cumplir con los requisitos técnicos y logísticos exigidos por la autoridad electoral.

Por otra parte, la Registraduría también confirmó que el comité de firmas del exalcalde Daniel Quintero no se inscribirá, descartando esa vía para su eventual aspiración presidencial. La decisión tuvo impacto inmediato en el debate público y subraya el rigor con el que la entidad viene aplicando las normas electorales en esta fase inicial.

En conjunto, estos tres hechos delinean un escenario más definido: unas elecciones al Congreso altamente competitivas, una carrera presidencial con menos aspirantes de los previstos y una autoridad electoral que busca enviar un mensaje de control y transparencia. Con las listas en firme y las firmas radicadas, la campaña hacia 2026 entra ahora en su fase decisiva.

Muy pronto, se podrá consultar la información sobre todos los candidatos inscritos en esta página: https://ordenpolitico.com

El resultado de las recientes elecciones en Chile generó una ola de reacciones en Colombia, donde dirigentes políticos, analistas y sectores de opinión interpretaron el desenlace como una señal relevante para el futuro político de América Latina. Más allá del resultado puntual, el proceso chileno fue leído como un termómetro del estado de ánimo ciudadano frente a los gobiernos, las reformas estructurales y la polarización ideológica en la región.

Desde el Gobierno colombiano, aparte de la reacción presidencial en la que expresó en X que ¨El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano." y ¨…volvieron a matar al presidente¨, algunas voces destacaron la importancia del respeto institucional y la madurez democrática del sistema chileno, subrayando el valor de los procesos electorales como mecanismo de ajuste político. En declaraciones públicas y mensajes en redes sociales, funcionarios resaltaron que los resultados reflejan una ciudadanía exigente, dispuesta a premiar o castigar proyectos políticos según su desempeño y capacidad de respuesta a las demandas sociales.

En la oposición, el resultado fue interpretado como una advertencia para los gobiernos de izquierda en la región. Dirigentes de sectores de centro y derecha señalaron que el electorado chileno envió un mensaje claro frente a agendas percibidas como ideologizadas o alejadas de las preocupaciones cotidianas, como el costo de vida, la seguridad y el crecimiento económico. Para estos sectores, el caso chileno refuerza la necesidad de propuestas moderadas y viables de cara a las elecciones de 2026 en Colombia.

Analistas políticos y académicos coincidieron en que el impacto del resultado chileno trasciende sus fronteras. En Colombia, donde ya se perfila una contienda electoral altamente fragmentada, el proceso chileno es visto como un antecedente clave sobre los riesgos de la polarización y la dificultad de sostener mayorías estables sin consensos amplios.

En redes sociales, el debate fue intenso. Mientras algunos usuarios celebraron el mensaje de cambio enviado por los votantes chilenos, otros advirtieron sobre lecturas simplistas y llamaron a analizar el contexto propio de cada país. En cualquier caso, el resultado en Chile volvió a poner en el centro del debate colombiano una pregunta clave: cómo interpretar las señales regionales sin perder de vista la complejidad del escenario nacional.

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El Centro Democrático oficializó la designación de la senadora Paloma Valencia como su candidata presidencial para las elecciones de 2026, en una decisión que marca un punto de inflexión para el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe. La escogencia busca cerrar filas tras meses de debates internos y proyectar una candidatura con identidad ideológica clara en un escenario electoral cada vez más fragmentado.

Valencia, una de las figuras más visibles del uribismo en el Congreso, asume la candidatura con el respaldo de los órganos directivos del partido y el desafío inmediato de consolidar la unidad interna. Su trayectoria legislativa, caracterizada por una oposición frontal al Gobierno y una defensa constante de las banderas de seguridad, institucionalidad y libre empresa, la posiciona como una candidata de línea dura dentro de la derecha colombiana.

En su primera declaración tras la designación, Valencia afirmó que su campaña buscará “recuperar el rumbo del país” y ofrecer una alternativa clara frente al proyecto político del actual Gobierno. Insistió en que su candidatura no solo representa al Centro Democrático, sino a sectores ciudadanos preocupados por la seguridad, la economía y la estabilidad institucional.

La nominación se produce en un contexto complejo para la oposición. La derecha enfrenta una dispersión de candidaturas independientes y la dificultad de articular una coalición amplia. En ese escenario, la candidatura de Valencia apuesta por fortalecer primero la identidad partidista antes de explorar eventuales alianzas con otros sectores afines.

Analistas coinciden en que su designación mueve de manera sensible el tablero electoral. Por un lado, consolida al Centro Democrático con una candidata definida. Y por otro, obliga a los demás aspirantes del mismo espectro a decidir entre competir de forma independiente o buscar acuerdos de inmediato.

Con esta decisión, el Centro Democrático toma su esperada decisión para entrar en la recta final de  la carrera presidencial. El reto de Paloma Valencia será ampliar su base más allá del electorado tradicional del uribismo y convertir su liderazgo político en una opción competitiva para atraer a toda la oposición frente a la propuesta de izquierda de la actual admnistación.

Colombia entra en una fase decisiva del calendario electoral con la recta final para la inscripción de listas al Congreso y la presentación de firmas de aspirantes presidenciales independientes. Este momento, clave pero silencioso para el gran público, está redefiniendo el mapa político de cara a las elecciones de 2026 y obligando a partidos y candidatos a cerrar decisiones estratégicas que marcarán el resto de la campaña.

En el plano legislativo, el cierre de listas ha expuesto tensiones internas en varias colectividades. La disputa por los primeros renglones —determinantes para asegurar curules— ha provocado reacomodos, renuncias y negociaciones de última hora. Partidos tradicionales buscan equilibrar renovación y continuidad, mientras sectores emergentes presionan por mayor representación. El resultado de estas listas será un indicador temprano de la fortaleza real de cada partido en el próximo Congreso.

En paralelo, la presentación de firmas ante la Registraduría por parte de aspirantes presidenciales independientes ha tomado protagonismo. En los últimos días, varios precandidatos han entregado más de un millón de apoyos ciudadanos, superando con holgura el umbral legal requerido. Estas acciones confirman una tendencia: la apuesta por candidaturas por fuera de los partidos, que muestran desgaste de las estructuras tradicionales ante la opinión.

La coincidencia de ambos procesos —listas y firmas— acelera la definición de alianzas. Algunos sectores evalúan convergencias posteriores al cierre formal, mientras otros optan por mantener independencia hasta medir fuerzas en encuestas o consultas. La división, y sus críticas, siguen siendo el principal fnómeno.

Para analistas electorales, esta etapa funciona como un primer filtro real de viabilidad política. Quienes no logren estructurar equipos, respaldo ciudadano o disciplina interna quedarán relegados antes de que inicie la campaña abierta. Así, la recta final de inscripciones no solo cumple una función administrativa: está trazando, desde ahora, las líneas gruesas de la contienda  legislativa que se avecina en 2026.

Este jueves 11 de diciembre, a seis días del cierre del plazo para inscribir candidaturas ante la Registraduría Nacional, los precandidatos presidenciales Daniel Palacios, Vicky Dávila y Aníbal Gaviria formalizaron la entrega de sus firmas para buscar el aval ciudadano que les permita competir en las elecciones de 2026.

La jornada comenzó en la mañana con el exministro Daniel Palacios, quien afirma registrar 1,3 millones de firmas ante la Registraduría para oficializar su movimiento “Rescatemos a Colombia”. Palacios afirmó que su propósito es “derrotar a los enemigos de Colombia, que no son los que piensan diferente sino los que están fuera de la ley y ponen en riesgo nuestra democracia”. Además, instó a otros aspirantes opositores a unirse para enfrentar al candidato del Gobierno, Iván Cepeda, desde una coalición amplia.

Más tarde, la periodista y aspirante Vicky Dávila declaró presentar 1,2 millones de firmas por medio de su “Movimiento Valientes”. Durante su intervención, Dávila subrayó la importancia de la participación del expresidente Álvaro Uribe en el panorama electoral e hizo un llamado a sectores de oposición contra el Gobierno a “unirse y sumar fuerzas” para las contiendas presidenciales.

Finalmente, en horas de la tarde, Aníbal Gaviria afirmó entregar 1,6 millones de firmas para avalar su candidatura. El exgobernador de Antioquia agradeció el respaldo ciudadano y señaló que su apuesta busca transformar el modelo del Estado hacia una mayor autonomía y descentralización. Gaviria estuvo acompañado por dirigentes como David Luna y Mauricio Cárdenas, con quienes dialoga sobre una posible alianza para definir un candidato común.

Según el reporte de la Registraduría, la fecha límite para presentar firmas es el 17 de diciembre, y entre los aspirantes que ya han entregado documentación están, entre otros, Abelardo de la Espriella, Claudia López, Héctor Olimpo Espinosa, Santiago Botero, Mauricio Lizcano, Mauricio Cárdenas, Gilberto Murillo y David Luna. La entidad deberá validar al menos 630.000 firmas por candidato para otorgarles el aval definitivo.

Foto: Canva/EL ESPECTADOR

Luis Gilberto Murillo, exministro y diplomático colombiano con amplia trayectoria en temas ambientales y de política internacional, oficializó su aspiración presidencial para las elecciones de 2026 como candidato independiente, por medio de la recolección de firmas ciudadanas que busca avalar su participación fuera de los partidos tradicionales. La iniciativa, según sus palabras,  responde al creciente descontento con la polarización política y al deseo de una alternativa moderada que reúna a votantes de distintos sectores.

Murillo, quien se desempeñó como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y, más recientemente, como embajador de Colombia ante Estados Unidos en el gobierno de Gustavo Petro, ha desarrollado su carrera pública con énfasis en sostenibilidad, transición energética y diálogo social. Su postulación independiente busca transmitir un mensaje de unidad y enfoque técnico frente a problemas estructurales como la desigualdad, el cambio climático y la inseguridad.

La recolección de firmas —un mecanismo previsto en la legislación electoral para candidaturas no inscritas bajo un partido político— forma parte de la estrategia de Murillo para demostrar respaldo ciudadano más allá de las estructuras partidistas. Aunque los detalles del número final de firmas aún no han sido certificados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la campaña señala que ha superado los requisitos mínimos legales y continúa movilizando apoyo en diversas regiones del país.

La postulación de Murillo agrega una variable relevante al escenario de 2026, en el que múltiples aspirantes de izquierda, centro y derecha compiten por consolidar una base electoral sólida. Analistas señalan que su perfil técnico y experiencia internacional pueden atraer a votantes moderados y ciudadanos desencantados con las divisiones tradicionales.

La candidatura independiente de Murillo también reabre el debate sobre la representatividad y el peso de liderazgos fuera de las viejas estructuras políticas, en un momento en el que los mecanismos de participación directa como la recolección de  firmas y las consultas directas buscan lograr una mayor importancia ante una ciudadanía exigente y polarizada.

FOTO: Facebook/Luis Gilberto Murillo

En un video difundido en sus redes sociales, el precandidato presidencial Sergio Fajardo extendió este jueves una invitación abierta a la construcción de una “nueva mayoría” para las elecciones de 2026, enfatizando que no cree que las consultas interpartidistas representen la única vía para forjar alianzas sólidas. “¡Bienvenidos todos y todas a construir una nueva mayoría! La consulta no es el único camino para lograr acuerdos”, proclamó el exgobernador de Antioquia en su mensaje que busca reforzar su argumento sobre el creciente descontento con la polarización política en Colombia.

Fajardo, quien el fin de semana anterior rechazó participar en las consultas de marzo de 2026 por considerarlas un mecanismo que beneficia a los extremos ideológicos, reiteró su apuesta por una coalición amplia que trascienda el centro político. “El reto no es liderar el centro; el reto es construir una nueva mayoría capaz de llevar al país adelante”, escribió en X (antes Twitter), respondiendo a una nota de El Espectador que destacaba su capacidad para ganarle al oficialista Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, según la encuesta de Invamer.

El anuncio llega en un contexto de alta actividad electoral. Mientras el Pacto Histórico consolida su maquinaria y el uribismo busca alianzas amplias –incluso Álvaro Uribe ha invitado a Fajardo a unirse–, el antioqueño propone alternativas como encuestas calificadas para depurar candidaturas. “Vamos a construir una nueva mayoría que recoge personas de izquierda, de derecha y centro, que saben el valor de los acuerdos en nuestro país para poder avanzar en contraposición de los extremos que nos dividen en dos bandos”, afirmó en Caracol Radio, donde aclaró que sus conversaciones con otros líderes no buscan “espectáculos”, sino consensos reales.

Sin embargo, no todo es unánime: figuras como Abelardo de la Espriella, quien también descartó las consultas, generan aceptación en el centro por sus posturas en contra del gobierno izquierdista y sus pésimos resultados. Fajardo, no obstante, mantiene las puertas abiertas: “La confianza es la base para construir una nueva mayoría”, concluyó en otro clip.

Con el tablero electoral en ebullición – los mercados financieros anticipan un “trade electoral” y tensiones con EE.UU. por las declaraciones de Trump a Petro–, la propuesta de Fajardo podría reconfigurar alianzas rumbo a la primera vuelta del 31 de mayo. ¿Logrará convocar a la “mayoría silenciosa”sin confrontación? El país observa expectante, y hay dudas muy serias sobre su capacidad para lograr concretar los 6 millones de votos que le hacen falta, según Invamer,  para llevarlo eventualmente a ese escenario de segunda vuelta.

Foto: José Báez / CAMBIO

El sistema de consultas interpartidistas, un mecanismo para unificar candidaturas y reducir fragmentación, vive hoy uno de sus momentos más críticos. Con la renuncia de Abelardo de la Espriella —quien descartó presentarse en la consulta de marzo en favor de una estrategia propia—, y la posterior salida de Sergio Fajardo de la consulta del ¨bloque de centro¨, las coaliciones tradicionales se debilitan y el tablero electoral reconfigura sus piezas.

En la derecha, la decisión de De la Espriella pone en pausa los intentos de presentar un candidato único: la competencia interna se diluye, y la división vuelve a asomar. Ante la falta de consenso, algunos sectores evalúan fórmulas alternativas —desde alianzas flexibles hasta candidaturas independientes— mientras el electorado moderado evalúa las opciones.

Por su parte, en la izquierda y centro-izquierda, la situación también exige reajustes. La salida de algunos aspirantes obliga a reordenar listas, posibles coaliciones y estrategias de unidad. El escrutinio interno, la representatividad regional y la búsqueda de renovación se convierten en factores clave para retener la base de apoyo y atraer nuevos votantes.

De cara al 2026, el futuro de las consultas parece dividido entre quienes las defienden como instrumento de legitimación y quienes apuestan por mecanismos menos institucionalizados: firmas, entradas por movimiento propio o alianzas coyunturales.

Si bien las consultas pierden protagonismo como vía segura hacia la candidatura presidencial, su espíritu –la convergencia de fuerzas– podría permanecer mediante nuevas formas: alianzas pos-consulta, pactos locales, o apoyos fragmentados que terminen en una segunda vuelta impredecible.

En un contexto de relativa volatilidad electoral, la clave estará en la capacidad de los partidos de adaptarse: redefinir sus liderazgos, entender la dispersión del voto y recuperar credibilidad frente al electorado.

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella confirmó hoy, en entrevista con La FM, que no participará en la consulta interpartidista prevista para marzo. La decisión surge tras entregar más de cinco millones de firmas ante la Registraduría, cifra que, según él, lo legitima como aspirante sin necesidad de someter su candidatura a una competencia interna.

De la Espriella explicó que su propuesta inicial contemplaba una encuesta pagada por los candidatos para definir un aspirante único de derecha. Esta propuesta evitaría los costos excesivos y la gran tardanza en la selección que, asegura, generaría la consulta interpartidista.

Con base en la popularidad que representa el gran número de firmas que acompañaron la inscripción e su candidatura, ha optado por declinar su participación en esa consulta en el mes de marzo. Aun así, aseguró que sigue “abierto a la unidad” mediante mecanismos alternativos.

Sobre la recolección de firmas, el aspirante dijo que fue un proceso “orgánico”, con participación ciudadana en varias regiones del país. Dijo que la entrega formal marcó un mandato popular que no puede ignorar, y que su inscripción alternativa le otorga autonomía para competir directamente en la primera vuelta.

Respecto a su fórmula vicepresidencial, De la Espriella indicó que aún no ha definido nombres, y descartó por ahora a una mujer costeña como compañera de fórmula, señalando que esa estrategia se definirá cuando avance la campaña.

De cara a las próximas elecciones, su anuncio pone en tensión los esfuerzos de la derecha por presentar un candidato único y sin divisiones internas. La decisión podría abrir espacio a candidaturas independientes o a otros movimientos en lo que resta de campaña, en un escenario político que ya muestra señales de fragmentación.

Foto: Juan Carlos Sierra - SEMANA

Ante el inminente cierre del plazo para presentar  listas de candidatos al Congreso, el próximo lunes 8 de diciembre (día feriado),  los principales partidos políticos del país enfrentan uno de los momentos más tensos del calendario electoral. La definición de candidatos ha desatado pugnas internas, cambios inesperados y negociaciones de última hora que podrían modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso para el periodo 2026–2030.

En los partidos tradicionales, las directivas intentan conciliar la presión por renovar sus listas con la necesidad de mantener figuras históricas en posiciones privilegiadas. La disputa por los primeros lugares —clave para asegurar curules— ha provocado roces entre sectores regionales y dirigencias nacionales, así como la salida de varios aspirantes hacia movimientos alternativos.

En el sector de derecha y centroderecha, la falta de consenso para una alianza presidencial ha impactado el armado de las listas legislativas. Algunas colectividades han retrasado la confirmación de candidaturas por desacuerdos en la inclusión de dirigentes con caudal electoral propio, lo que podría fragmentar aún más el bloque de oposición.

La izquierda presenta inconvenientes similares. La reciente separación entre el movimiento de Carlos Caicedo y el Gobierno obligó a recalcular la estrategia legislativa del progresismo. Varios partidos del bloque están ajustando sus listas para evitar divisiones adicionales y asegurar cohesión en un momento de recomposición interna.

El centro político vive una disputa distinta: la competencia por atraer figuras independientes que puedan sumar votación en un electorado cansado de la polarización. Esta estrategia, sin embargo, ha generado tensiones por la asignación de los primeros renglones, en los que se concentra la mayor probabilidad de elección.

El cierre de listas, previsto para los próximos días, se perfila como un termómetro clave para determinar la fortaleza real de cada partido. Lo que allí se defina no solo determinará la conformación del próximo Congreso de la República, sino también las alianzas y estrategias que marcarán la conformación del poder legislativo en los próximos 4 años y seguramente influirán también, de manera importante, en la elección presidencial.

La política colombiana llega a la recta previa a 2026 con un elemento en común entre los grandes bloques ideológicos: la división interna. Tanto en la derecha como en la izquierda emergen rupturas que no solo alteran sus cálculos de poder, sino que amenazan su capacidad de consolidar candidaturas competitivas en un escenario electoral cada vez más fragmentado.

En la derecha, la exclusión de Miguel Uribe Londoño del abanico de precandidatos del Centro Democrático confirmó una fisura que se venía gestando desde hace meses. La dirección del partido tomó la decisión tras versiones —rechazadas por el propio Uribe Londoño— según las cuales habría expresado respaldo al abogado Abelardo de la Espriella, figura en ascenso pero ajena al uribismo. Uribe Londoño respondió denunciando un proceso interno poco transparente y aseguró que su salida se basa en “rumores y especulaciones”. Con su retiro, la competencia se reduce a Cabal, Valencia y Holguín, pero la cohesión del partido queda en entredicho: sectores jóvenes pedían su salida, mientras otros temen que la división facilite el crecimiento de candidaturas externas que compiten por el mismo electorado.

Al otro extremo del espectro ideológico, la izquierda enfrenta una ruptura igual de delicada. El líder caribeño Carlos Caicedo se distanció definitivamente del presidente Gustavo Petro, acusando al gobierno de centralismo y de marginar a su movimiento, Fuerza Ciudadana.

El final de estas relaciones no solo tiene un impacto simbólico: Caicedo controla una base electoral significativa en la Costa Caribe, región clave para cualquier aspiración presidencial del Pacto Histórico. Su retiro podría traducirse en una pérdida de votos estratégicos y abrir la puerta a un nuevo actor progresista que compita por fuera del petrismo.

La consecuencia es evidente: tanto la derecha como la izquierda avanzan divididas, con candidaturas y procesos de dipersión y con un electorado que observa cómo los proyectos internos parecen separarse antes que consolidarse. En este clima, los aspirantes alternativos —de centro, independientes o de corte antipolítico— pueden encontrar terreno para crecer, aumentando aún más las tensiones en el panorama político general.

Foto Carlos Caicedo: El Espectador/Mauricio Alvarado

Foto Miguel Uribe Londoño: Caracol radio/Centro Democrático

Una nueva encuesta revelada hoy sitúa al senador Iván Cepeda como el candidato que ha arrancado adelante manteniendo su posición en la carrera presidencial. Según la medición de Invamer, Cepeda obtiene un 31,9 % de intención de voto, por encima de sus competidores registrados, lo que lo sigue manteniendo como principal aspirante dentro del bloque izquierda/progresista.

En la misma encuesta Invamer, detrás de Cepeda, se destacan en la intención de voto el abogado Abelardo de la Espriella con 18,2 % y el exgobernador Sergio Fajardo con 8,5 %, que se presentan como las figuras destacadas hoy en lo que politólogos denominan como la derecha y el centro del espectro político.

La encuesta, realizada con una muestra de 2.080 participantes tras el levantamiento de la veda legal sobre sondeos, también presentó resultados  de escenarios hipotéticos de una posible segunda vuelta.

Esta encuesta refuerza la posición de Cepeda como el candidato que sigue apovechando su temprana designación, justo cuando el calendario electoral avanza hacia 2026 y los partidos comienzan a ajustar sus estrategias. Para muchos analistas, el dato pone en tensión a la derecha y al centro-derecha, obligándolos a replantear sus alianzas y enfoques ante una contienda que podría volverse cada vez más competitiva.

FOTO: SENADO DE LA REPÚBLICA. - IVÁN CEPEDA

En un golpe que resuena como un trueno en el horizonte electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha impuesto sanciones millonarias a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, dejando en jaque la ambiciosa unificación del Pacto Histórico. Con multas que superan los 500 millones de pesos a la Unión Patriótica (UP) y Colombia Humana, el fallo no solo castiga irregularidades en la rendición de cuentas –atribuidas al gerente Ricardo Roa–, sino que bloquea la fusión de estos partidos con el Polo Democrático, el Partido Comunista y el partido Progresistas en una sola fuerza.

La decisión, aprobada por seis votos contra tres, ha desatado una crisis interna en el oficialismo. Gustavo Bolívar, senador del Pacto, alertó en W Radio que “esta sanción deja en vilo las listas unificadas al Congreso de 2026, un pilar de nuestra estrategia para contrarrestar la derecha”. La UP, ya endeudada por el exceso de financiación, analiza seriamente su salida del Pacto, lo que fragmentaría aún más la izquierda en un momento en que encuestas muestran a Petro con aprobación por debajo del 30% y una oposición uribista en ascenso.

El presidente Petro no tardó en reaccionar, tildando el fallo de “trampa judicial” en un trino que acumuló miles de interacciones: “El CNE, controlado por la oligarquía, busca desmantelar nuestra transformación”. Sus aliados, como Armando Benedetti, convocaron una reunión urgente, mientras la UP se retractó parcialmente de su admisión inicial de cargos, abriendo la puerta a un recurso ante el Consejo de Estado.

Analistas ven en esto un boomerang para el petrismo: la imposibilidad de listas unificadas diluye el voto progresista, beneficiando a independientes y a la derecha consolidada. “Es una victoria pírrica para la oposición, pero un desastre para la izquierda, que pierde cohesión en un año clave”, opina el politólogo Rodrigo Uprimny. Con la consulta interpartidista de marzo acechando, el Pacto debe navegar estas aguas turbulentas o arriesgarse a una derrota histórica en 2026.

Esta fractura no es casual: revela las tensiones entre el ideal de unidad y la realidad de deudas y litigios. ¿Podrá Petro recomponer el rompecabezas? El tablero electoral, ya polarizado, se complica con cada sanción.

IMAGEN: WIKIPEDIA

El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso este jueves la sanción más grave que haya recibido jamás una campaña presidencial en Colombia: la de Gustavo Petro (2022-2026).

La campaña deberá devolver al Estado más de 5.300 millones de pesos por exceder los topes de gasto en primera y segunda vuelta y por recibir aportes prohibidos de origen sindical y empresarial.

La decisión, aprobada por mayoría con ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, marca un precedente histórico: nunca antes un candidato ganador había sido castigado formalmente por la máxima autoridad electoral. Entre las irregularidades comprobadas figuran pagos no reportados a 30.256 testigos electorales a través de la firma Ingenial Media SAS, publicidad contratada en Caracol Televisión sin declarar, aportes de la Unión Sindical Obrera (USO) de Ecopetrol y donaciones omitidas de Fecode y la Unión Patriótica.

La senadora Isabel Zuleta (Pacto Histórico) calificó la sanción como “lawfare” y “persecución política orquestada desde los sectores que perdieron en 2022”. En el extremo opuesto, la concejal Diana Diago (Centro Democrático) exigió la renuncia inmediata del presidente Petro: “Quien llega al poder violando la ley no puede seguir gobernando”.

Aunque la sanción es únicamente económica y no implica pérdida de investidura ni inhabilidad inmediata, el fallo llega a seis meses exactos de las elecciones presidenciales de 2026 y enciende la precampaña. Mañana, el Centro Democrático anunciará su candidato único, mientras el Pacto Histórico ya tiene a Iván Cepeda como aspirante oficial.

El país entra así en un terreno desconocido: por primera vez, el debate sobre la legitimidad de origen del actual mandatario se instala en el centro de la discusión electoral. Lo que sigue tendrá un alto grado de contenidos jurídicos, pero sobre todo, políticos

La Unión Europea (UE) confirmó este martes que desplegará una Misión de Observación Electoral (MOE) en Colombia a partir de enero de 2026, en respuesta formal a la invitación del Estado colombiano para acompañar el proceso electoral legislativo y presidencial del próximo año. La noticia fue anunciada por el registrador nacional, Hernán Penagos, quien destacó que se trata de una de las misiones más amplias y estratégicas enviadas por el bloque europeo en la región en los últimos años.

Según Penagos, el despliegue incluirá observadores de larga y corta duración que estarán presentes no solo el día de la votación, sino también durante las etapas previas de alistamiento electoral, inscripción de candidaturas, auditoría técnica y evaluación de riesgos.

“La Unión Europea nos acaba de confirmar que estará desde el mes de enero con un acompañamiento muy grande, tanto en el proceso preelectoral como electoral”, señaló el registrador, subrayando la importancia de reforzar la confianza ciudadana en medio de un clima político polarizado.

Fuentes diplomáticas consultadas explicaron que la decisión se produce tras meses de análisis sobre la viabilidad del acompañamiento y la relevancia que tiene Colombia para la agenda democrática del bloque europeo. La misión evaluará temas como transparencia en el software de escrutinio, condiciones de seguridad para candidatos, garantías para votantes en zonas de riesgo y cumplimiento de estándares internacionales.

El anuncio ocurre mientras distintos sectores políticos han expresado preocupación por el aumento de amenazas contra líderes regionales y aspirantes al Congreso. La presencia de la UE se interpreta como una señal de respaldo al sistema electoral colombiano y como un mecanismo adicional de presión para asegurar que la contienda de 2026 se desarrolle con integridad.

Con este despliegue, la Unión Europea se suma a otros organismos internacionales que han mostrado interés en acompañar el proceso, configurando una de las observaciones multilaterales más robustas en la historia electoral reciente de Colombia.

FOTO: EL PAIS

Margarita Guerra, candidata respaldada por Fuerza Ciudadana y por el exgobernador Carlos Caicedo, resultó elegida este domingo como la nueva gobernadora del Magdalena tras obtener el 56,1 % de los votos en la elección atípica realizada en el departamento. La jornada, que registró una participación cercana al 31 %, se desarrolló bajo un amplio dispositivo de seguridad debido a las alertas de riesgo electoral en la región.

La elección se llevó a cabo después de que el mandato anterior fuera anulado por doble militancia, lo que obligó a convocar nuevamente a las urnas. El Gobierno dispuso 1.650 soldados, verificación biométrica en varios puntos y un refuerzo especial de vigilancia para garantizar la transparencia del proceso, en atención a las advertencias de la Misión de Observación Electoral sobre posibles restricciones a la libre movilización de candidatos.

Con este resultado, Fuerza Ciudadana consolida su control político en el departamento y envía una señal estratégica de cara al reacomodo electoral rumbo a 2026. Analistas coinciden en que la victoria de Guerra fortalece al caicedismo en un momento en el que varias fuerzas nacionales buscan alianzas territoriales y estructuras consolidadas para las próximas elecciones.

En su declaración tras el escrutinio, Guerra afirmó que gobernará “sin exclusiones” y que su prioridad será garantizar continuidad a los proyectos en salud, educación e infraestructura que habían sido impulsados previamente. También hizo un llamado a reducir la tensión política que se ha vivido en el Magdalena durante los últimos meses y afirmó que su administración se enfocará en la gestión social y en el fortalecimiento institucional.

La Registraduría confirmó que no se reportaron incidentes graves que alteraran el proceso, y destacó el comportamiento de los votantes en una jornada considerada clave para la estabilidad política del departamento.

foto: www.margaritaguerra.co

El Centro Democrático volvió a ser noticia este jueves luego de que su dirección política insistiera públicamente en la necesidad de garantizar “reglas claras y total transparencia” en el proceso interno para seleccionar al candidato presidencial que llevará el partido a las elecciones de 2026. La declaración surge en medio de crecientes tensiones internas y cuestionamientos sobre el mecanismo que definirá al aspirante.

Según fuentes de la colectividad, aún no existe un consenso definitivo sobre el método de selección. Mientras un sector insiste en realizar una encuesta nacional supervisada por una firma independiente, otro insiste en un sistema más controlado por el propio partido, incluyendo consultas cerradas con militantes. La falta de acuerdo ha generado inquietud en varios dirigentes, quienes advierten que la indefinición podría afectar la cohesión del partido en un momento clave del calendario electoral.

La discusión tomó fuerza después de que varios congresistas pidieran un proceso “auditado y verificable”, advirtiendo que una encuesta sin controles rigurosos podría quedar expuesta a interferencias externas. La dirección del Centro Democrático reconoció que el debate sigue abierto, pero aseguró que en los próximos días será presentada una hoja de ruta oficial con las fechas y el mecanismo final.

El tema adquiere relevancia adicional porque otras fuerzas de derecha y centro-derecha ya avanzan en sus propios procesos de selección, lo que incrementa la presión para evitar rezagos en la contienda. Analistas consultados coinciden en que la cohesión interna será determinante para que el partido recupere su protagonismo.

La colectividad busca enviar un mensaje de disciplina y claridad a su base, enfatizando que el proceso se realizará con garantías y supervisión, y que  espera que su candidato salga fortalecido para competir en un escenario electoral cada vez más fragmentado.

Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, fue oficializado como el candidato único de la Fuerza de las Regiones, luego de que los demás aspirantes del movimiento declinaran sus precandidaturas. La decisión lo deja como el rostro principal de esta coalición de exmandatarios locales que busca abrirse espacio en la contienda presidencial de 2026.

La plataforma política, integrada por alrededor de cuarenta exalcaldes y exgobernadores de distintos puntos del país, había iniciado un proceso interno con cuatro precandidatos: Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo y Juan Carlos Cárdenas. Sin embargo, en cuestión de semanas, Zuluaga y Cárdenas renunciaron a la contienda interna, despejando el camino para que Gaviria asumiera la representación única del bloque. La coalición mantiene la posibilidad de participar en una consulta con otros sectores independientes en marzo de 2026.

En sus primeras declaraciones como aspirante oficial, Gaviria enfatizó que su campaña se centrará en la descentralización y el fortalecimiento del poder regional, un mensaje que ha reiterado desde el inicio del movimiento. Según el dirigente, las decisiones clave del país deben construirse “desde y con las regiones”, garantizando mayor autonomía para alcaldías y gobernaciones.

Gaviria también ha adelantado aspectos de su propuesta programática, que incluye una reforma tributaria orientada a incentivar la inversión, una revisión técnica del fracking y una reducción del tamaño del Estado mediante la eliminación de algunos ministerios. Estas ideas, afirma, buscan “dinamizar la economía sin aumentar la carga para los ciudadanos”.

Con la oficialización de su candidatura, la Fuerza de las Regiones entra en una nueva etapa, en la que intentará consolidarse como una alternativa nacional con base territorial y un avance que busca corregir el centralismo histórico en Colombia.

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El panorama político colombiano sumó esta semana dos nuevos protagonistas en la contienda presidencial: Héctor Olimpo Espinosa y Juan Fernando Cristo, quienes oficializaron sus aspiraciones en medio de un ambiente marcado por la incertidumbre, el debate sobre la seguridad y la búsqueda de alternativas fuera de la polarización.

Por un lado, Héctor Olimpo Espinosa, exgobernador de Sucre, sorprendió al entregar más de un millón y medio de firmas que respaldan su candidatura por el movimiento ciudadano “Colombia Diferente” que busca representar la voz de las regiones que pretenden un mayor protagonismo a nivel nacional. Espinosa ha centrado su discurso en la juventud, la descentralización y la necesidad de modernizar la gestión pública. Su narrativa apunta a un país que, según él, debe dejar de ser gobernado desde el centro del poder para abrirse a las realidades territoriales.

Al mismo tiempo, Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y una figura con larga trayectoria legislativa, oficializó su candidatura bajo el partido En Marcha. Cristo propone un proyecto de centro amplio, con énfasis en la institucionalidad, el fortalecimiento democrático y la reconciliación política. Su apuesta está orientada a participar en la consulta del llamado Frente Amplio, donde espera consolidar una coalición que atraiga a sectores moderados cansados del radicalismo y del personalismo político.

Aunque los perfiles y estilos de los dos nuevos candidatos son muy distintos, el lanzamiento simultáneo de sus campañas revela un punto en común: ambos buscan capturar el sentimiento ciudadano de renovación y de gestión responsable. Mientras Espinosa se presenta como el rostro emergente de las regiones, Cristo aparece como el abanderado de la experiencia y el diálogo.

Estas dos inesperadas candidaturas  abren un nuevo capítulo, en una contienda que cada día cuenta con más voces que buscan destacar con miras a las elecciones del 2026.

FOTOS: INFOBAE - EL TIEMPO

La magistrada Fabiola Márquez, del Consejo Nacional Electoral (CNE), solicitó el archivo de la investigación administrativa que la entidad adelanta contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la que se señalan presuntas irregularidades en la financiación. En su planteamiento, Márquez considera que se ha violado el plazo legal y denuncia fallos en la contabilización de los términos procesales.

Uno de los ejes de su defensa se basa en la caducidad administrativa: según la ley, las autoridades tienen tres años desde la ocurrencia del hecho para sancionar, un plazo que —argumenta la magistrada— ya se ha agotado. Márquez señala que la investigación se ha dilatado por suspensiones de término injustificadas y errores en el cómputo de días, por lo que, según artículos publicados en el diario El Tiempo, considera que ya no es posible emitir un acto sancionatorio válido.

En su ponencia, la togada también cuestiona la manera en que se han registrado las suspensiones del proceso. Según su versión, los términos se han calculado erróneamente: no fueron 150 días como se alegó, sino apenas 35 días; y en otra suspensión la entidad aludió 80 días cuando en realidad habrían sido 54. Para Márquez, estas discrepancias no son menores: afectarían de manera sustancial la validez del proceso y podrían, en su criterio, viciar la posibilidad de una eventual sanción.

Otra de sus críticas apunta al quórum: asegura que durante las recusaciones de dos magistrados no fue necesaria la suspensión del debate de la ponencia, porque en sala plena aún había el mínimo para deliberar. Según ella, luego de esas recusaciones se mantuvo el quórum decisorio para continuar con el estudio del caso.

Desde el petrismo, este planteamiento ha sido celebrado como un alivio legal importante, pues si la petición prospera, la investigación del CNE podría terminar sin consecuencias, lo que sería un golpe a los esfuerzos de fiscalización electoral. En contraste, la oposición ve un riesgo institucional: que argumentos de forma terminen beneficiando a figuras ya investigadas por financiación irregular.

El episodio llega en un momento de alta tensión política, pues  el control de la financiación de campañas se ha convertido en uno de los temas centrales de debate para la legitimidad democrática en Colombia.

FOTO: UNIVISION NOTICIAS

El nombramiento de César Julio Valencia Copete como nuevo ministro de Justicia marca uno de los movimientos más relevantes del gobierno de Gustavo Petro en los últimos meses. La designación del exmagistrado, reconocido por su amplia trayectoria en la Corte Suprema de Justicia, y por su defensa de la independencia judicial, llega en un momento de tensiones, discusiones sobre reformas y una necesidad de resultados concretos en el sector justicia.

Valencia Copete, abogado con más de treinta años de experiencia en la rama judicial, es recordado por su paso como presidente de la Corte Suprema entre 2007 y 2008, periodo en el que lideró debates clave sobre autonomía, acceso a la justicia y fortalecimiento del sistema penal acusatorio. Su llegada al Ministerio se interpreta, por tanto, como un mensaje doble: por un lado, la intención de reforzar la presencia de figuras técnicas y experimentadas dentro del gabinete; por otro, la apuesta del Gobierno por encauzar las discusiones judiciales en un terreno más institucional y menos político.

Uno de los retos inmediatos para el nuevo ministro es la crisis carcelaria, uno de los problemas estructurales más graves del país. La sobrepoblación, la falta de infraestructura adecuada y los limitados programas de resocialización exigen una reforma profunda que ha sido postergada por décadas. Valencia Copete deberá liderar una agenda que articule esfuerzos entre el Ejecutivo, la Fiscalía, el INPEC y el poder judicial, con el fin de presentar soluciones sostenibles en el corto y mediano plazo.

Otro desafío será la implementación de los componentes de justicia dentro del proyecto de paz total que implica avanzar en los mecanismos de justicia restaurativa, así como el fortalecimiento de la presencia judicial en territorios históricamente abandonados y la coordinación entre entidades como la JEP y la Unidad de Víctimas. Su experiencia en temas de derechos humanos y su trayectoria en discusiones sobre verdad y reparación podrían jugar un papel determinante en este frente.

A nivel político, el nombramiento ha sido interpretado como una decisión que busca disminuir la tensión entre el Gobierno y ciertos sectores judiciales, especialmente en un momento donde las reformas estructurales requieren amplios consensos. La figura de Valencia Copete podría funcionar como puente entre el Ejecutivo y las altas cortes, un gesto necesario para destrabar debates que han venido acumulándose.

El ingreso de César Julio Valencia Copete al Ministerio de Justicia representa una oportunidad para reencauzar la agenda judicial del gobierno en esta etapa.. Su capacidad para combinar rigor técnico, sensibilidad social y manejo político será determinante en la búsqueda de éxitos en el sector justicia en el país.

Foto: Universidad Externado

El ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, denunció que durante la mañana del martes su vivienda en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico) fue objeto de un allanamiento por orden de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la investigación por presuntas irregularidades en la aprobación de la ley que regula certificados psicofísicos para el porte de armas. 

Benedetti aseguró que al operativo acudieron “al menos 30 hombres fuertemente armados”, que le impidieron el acceso, y que presentaba a su esposa e hijos pequeños en la vivienda".

El ministro calificó el diligenciamiento como un “abuso de poder” y afirmó que la magistrada Cristina Lombana, quien autorizó la medida, “está completamente loca, demente y es una delincuente”. 
Por su parte, el presidente Gustavo Petro respaldó a Benedetti y calificó el allanamiento como “secuestro de una familia”, exigiendo que se respeten los derechos al debido proceso. 

La Corte Suprema, a través de su Sala de Instrucción, sigue recabando evidencias para determinar si Benedetti impulsó la norma para beneficiar a la empresa Simetric S.A., que tiene vínculos con el empresario Euclides Torres, en el marco del trámite legislativo original.

Hasta el momento, no se han reportado incautaciones materiales en el domicilio, pero el suceso ha agudizado la tensión política en torno al ministro y la institución judicial.

Foto:  Miguel Gutiérrez (EFE)

La consulta del Pacto Histórico se constituyó en el primer proceso interno de carácter nacional realizado por una coalición política en el actual calendario electoral. Su desarrollo evidenció la capacidad organizativa del movimiento y la importancia de los mecanismos de participación para la definición de candidaturas presidenciales en Colombia.

El resultado posiciona a Iván Cepeda Castro como figura central del bloque progresista, mientras que la doctora Diana Carolina Corcho Mejía, segunda en votación, asumirá la cabeza de lista al Senado, según los acuerdos internos de la colectividad.

Más allá de los nombres, este proceso marca el inicio de una nueva etapa de competencia electoral, donde las distintas fuerzas políticas del país comienzan a perfilar sus estrategias hacia las elecciones de 2026.

El movimiento Pacto Histórico definió la posición de los candidatos que integrarán su lista cerrada al Senado de la República para las elecciones legislativas de 2026.

Según lo establecido por la colectividad, el acuerdo interno determinó que quien obtuviera el segundo lugar en la consulta presidencial encabezaría la lista al Senado. En cumplimiento de ese consenso, la Doctora Diana Carolina Corcho Mejía ocupará el primer lugar, tras lograr esa posición en la consulta interna.

La lista está conformada por 100 aspirantes provenientes de diversos sectores sociales, académicos y políticos. Entre ellos se destacan liderazgos reconocidos y nuevas figuras públicas que obtuvieron resultados significativos, reflejando una participación amplia dentro del movimiento.

El proceso interno tuvo como propósito definir el orden oficial de los aspirantes en la lista que presentará el Pacto Histórico en las elecciones legislativas de 2026.
Durante la jornada se destacó la participación de candidatos con distintas trayectorias y la presencia de nuevos liderazgos que obtuvieron votaciones relevantes dentro de la colectividad.

La lista quedó conformada así, según los resultados oficiales de la jornada interna y el orden aprobado por la coalición para las elecciones legislativas de 2026:

1 DIANA CAROLINA CORCHO MEJIA 678692 M

2 PEDRO HERNANDO FLOREZ PORRAS 185029 7,91% H

3 CARMEN PATRICIA CAICEDO OMAR 74982 3,20% M

4 WILSON NEBER ARIAS CASTILLO 171354 7,32% H

5 LAURA CRISTINA AHUMADA GARCIA 68940 2,94% M

6 WALTER ALFONSO RODRIGUEZ CHAPARRO 137821 5,89% H

7 AIDA YOLANDA AVELLA ESQUIVEL 50120 2,14% M

8 FERNEY SILVA IDROBO 90450 3,86% H

9 YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA 42166 1,80% M

10 CARLOS ALBERTO BENAVIDES MORA 77623 3,31% H

11 SANDRA CLAUDIA CHINDOY JAMIOY 42010 1,79% M

12 JORGE ALEJANDRO OCAMPO GIRALDO 66439 2,84% H

13 MARIA EUGENIA LONDOÑO OCAMPO 35219 1,50% M

14 ALEX XAVIER FLOREZ HERNANDEZ 63995 2,73% H

15 KAMELIA EDITH ZULUAGA NAVARRO 34636 1,48% M

16 AGMETH JOSE ESCAF TIJERINO 48115 2,05% H

17 YAINI ISABEL CONTRERAS JIMENEZ 31747 1,35% M

18 CRISTIAN KEVIN GOMEZ PAZ 47401 2,02% H

19 ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ 27741 1,18% M

20 MARTIN ALONSO CAICEDO CARABALI 40600 1,73% H

21 DEISY JOHANA OSORIO MARQUEZ 16981 0,72% M

22 DAVID RICARDO RACERO MAYORCA 38797 1,65% H

23 DEYCI ALEJANDRA OMAÑA ORTIZ 15980 0,68% M

24 ORLANDO MIGUEL DE LA HOZ GARCIA 38495 1,64% H

25 MARY JURADO PALOMINO 14873 0,63% M

26 ALBERTO MANUEL GASCON GIRALDO 32217 1,37% H

27 ETNA TAMARA ARGOTE CALDERON 13671 0,58% M

28 LUIS GUILLERMO PEREZ CASAS 30711 1,31% H

29 COLOMBIA SOFIA VILLAMIL QUIROZ 13439 0,57% M

30 ROBERT DAZA GUEVARA 27774 1,18% H

31 NELLYS MARIA CADENA ROJAS 12648 0,54% M

32 JULIO CESAR GONZALEZ QUICENO 24764 1,05% H

33 ORSINIA PATRICIA POLANCO JUSAYU 12348 0,52% M

34 DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS 23934 1,02% H

35 SANDRA YANETH JAIMES CRUZ 11075 0,47% M

36 WILLIAM JORGE DAU CHAMATT 22125 0,94% H

37 DORINA HERNANDEZ PALOMINO 9614 0,41% M

38 JORGE ANDRES CANCIMANCE LOPEZ 18153 0,77% H

39 ROSSIH AMIRA MARTINEZ SINISTERRA 9503 0,40% M

40 ALDO ESPINOSA RAPALINO 17050 0,72% H

41 ROSA DEL CARMEN PEREZ TOVAR 9427 0,40% M

42 FELICIANO VALENCIA MEDINA 16324 0,69% H

43 DORIS PATRICIA CARVAJAL LONDOÑO 8642 0,36% M

44 OMAR ANDRES CAMACHO MORALES 15674 0,67% H

45 CLEMENCIA CARABALI RODALLEGA 8498 0,36% M

46 ALIRIO URIBE MUÑOZ 15438 0,66% H

47 ADRIANA MARIA RUIZ HENAO 7146 0,30% M

48 EDGAR ROMERO MACIAS 15151 0,64% H

49 LEYLA MARLENY RINCON TRUJILLO 6568 0,28% M

50 JARRINSON MARTINEZ COLLAZOS 14379 0,61% H

51 DIANA MARCELA GOMEZ CORREAL 6554 0,28% M

52 PLUTARCO TAFUR 14378 0,61% H

53 GLORIA LUCERO HERRERA CONTRERAS 6531 0,27% M

54 WILMAR FERNEY PARDO SANCHEZ 14126 0,60% H

55 JACQUELINE CASTILLO PEÑA 6521 0,27% M

56 DARIO FERNANDO ESCOBAR PEREZ 13284 0,56% H

57 GINA ROSA ROJAS FERNANDEZ 6412 0,27% M

58 ARTURO DE JESUS VILLA SERNA 13054 0,55% H

59 ANGELICA MARIA GUTIERREZ DAZA 6377 0,27% M

60 JAEL QUIROGA CARRILLO 12535 0,53% H

61 LILIA CLEMENCIA SOLANO RAMIREZ 5809 0,24% M

62 ELIECER GERARDO MORALES POLANCO 12478 0,53% H

63 DIANA CAROLINA MEJIA OVIEDO 5543 0,23% M

64 EDUARD GIOVANNY SARMIENTO HIDALGO 12162 0,51% H

65 CATALINA DEL SOCORRO PEREZ PEREZ 4898 0,20% M

66 JOSE DE JESUS CAMACHO GAMERO 11380 0,48% H

67 KAREN YIRLETH GRISALES RIVERA 4832 0,20% M

68 YORDY YUNDA PAJOY 10156 0,43% H

69 RUDY AMANDA HURTADO GARCES 4827 0,20% M

70 JAIME CALDERON HERRERA 10135 0,43% H

71 MARY ANNE ANDREA PERDOMO GUTIERREZ 4537 0,19% M

72 VALENTIN DE LA BARRERA BARRIOS 9586 0,40% H

73 ROSALBA CARDALES SUAREZ 3838 0,16% M

74 OSCAR JULIO RINCON HERNANDEZ 8877 0,37% H

75 LINIBETH CRUZ BAQUERO 3487 0,14% M

76 JORGE IVAN VELEZ CALVO 8473 0,36% H

77 MYRIAM TAMARA CARRERO 2948 0,12% M

78 HORACIO CORREA GARRIDO 8293 0,35% H

79 RUBY STELLA MORALES SIERRA 2759 0,11% M

80 JUAN FELIPE RODRIGUEZ VELEZ 7996 0,34% H

81 NINFA HERRERA DOMINGUEZ 2499 0,10% M

82 ANDRES FELIPE RIOS GIRALDO 7573 0,32% H

83 CLEMENTINA RAMIREZ 2170 0,09% M

84 NELSON MAZABUEL QUILINDO 7502 0,32% H

85 NUBIA ENRIQUEZ HERNANDEZ 1956 0,08% M

86 ALI BANTU ASHANTI 7477 0,31% H

87 ALICIA RAMOS PACHECO 1588 0,06% M

88 LUIS ENRIQUE FLOREZ AGAMEZ 7149 0,30% H

89 YAQUELINE ORELLANO PACHECO 1500 0,06% M

90 MIGUEL VILLANUEVA VARGAS 6739 0,28% H

91 MIGUEL HERNAN HERNANDEZ SANCHEZ 6460 0,27% H

92 GERMAN ENRIQUE BAUTISTA JAIMES 6380 0,27% H

93 LUIS GUILLERMO DUARTE ESCOBAR 6062 0,25% H

94 STALIN ANTONIO BALLESTEROS GARCIA 5463 0,23% H

95 MIGUEL HERNANDO MORENO ARCINIEGAS 5393 0,23% H

96 ROLANDO QUINTERO RAMIREZ 5383 0,23% H

97 ALONSO FERNANDEZ GOMEZ 5366 0,22% H

98 JUAN MANUEL MURILLO MARTINEZ 5251 0,22% H

99 ORLANDO RAFAEL MERCADO VALETA 5030 0,21% H

100 ALEXANDER CHALA SAENZ 4962 0,21% H

Colombia asiste a uno de los procesos judiciales más relevantes de su historia reciente: el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Se trata de un hecho sin precedentes, no solo por la magnitud del personaje, sino por las implicaciones políticas, institucionales y sociales que una eventual condena podría acarrear.

Uribe no es un ciudadano cualquiera. Es un actor central del poder político en Colombia durante más de dos décadas. Fue presidente entre 2002 y 2010, senador, líder de una corriente ideológica dominante, y símbolo —para muchos— de una visión de seguridad y orden. Por ello, su comparecencia ante los jueces pone a prueba no solo la imparcialidad de la justicia, sino también la madurez de la democracia colombiana.

El debate no debería centrarse en si es Uribe o no. De lo que se trata es de reafirmar que nadie está por encima de la ley. La independencia judicial debe prevalecer sin presiones ni reverencias. Si hay pruebas suficientes, el debido proceso debe seguir su curso; y si no las hay, debe garantizarse el derecho pleno a la defensa y a la presunción de inocencia. La polarización no puede contaminar la justicia.

Pero el juicio también deja al descubierto una fractura profunda en la sociedad. La figura de Uribe divide: hay quienes lo consideran un prócer moderno y quienes lo ven como un actor oscuro del conflicto armado. Este juicio no sanará esa división, pero puede convertirse en una oportunidad para que el Estado demuestre que la institucionalidad funciona, incluso ante los más poderosos.

La posible condena de Uribe, si llegara a materializarse, no debería celebrarse como una victoria política, sino entenderse como el resultado de un sistema judicial que se atreve a actuar sin distinción de rango. Y si, por el contrario, resulta absuelto, deberá aceptarse con la misma legitimidad, siempre que el proceso haya sido transparente y respetuoso del orden constitucional.

El desafío ahora no es condenar ni absolver, sino confiar en la justicia, exigir transparencia, y mantener la serenidad democrática en medio del ruido. Colombia necesita menos caudillos y más instituciones.

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