La senadora colombiana María Fernanda Cabal anunció su salida del partido Centro Democrático, una de las colectividades más influyentes de la derecha en el país, marcando un momento de tensión en la antesala de las elecciones presidenciales de 2026. La decisión fue comunicada en una carta firmada por su esposo, el dirigente ganadero José Félix Lafaurie, dirigida a la dirección nacional del partido, en la que ambos expresan que “no quieren continuar” dentro de la colectividad porque sienten que “no tienen espacio” en su actual estructura interna.

El detonante de esta ruptura fue el proceso interno mediante el cual el partido eligió a Paloma Valencia como su candidata presidencial. Cabal y Lafaurie cuestionan la legitimidad de dicho mecanismo, argumentando que las encuestas y procedimientos carecieron de comités de garantías, reglas claras y mecanismos de impugnación, lo que, según ellos, representó una violación al debido proceso partidista. En consecuencia, proponen una escisión que le permitiría a Cabal conformar su propia agrupación política de cara a los comicios.

Aunque la carta señala que respaldarán la candidatura de Valencia para no afectar formalmente el proceso electoral, la salida de Cabal evidencia fracturas profundas en el uribismo, que enfrenta retos para mantener la cohesión entre diversas tendencias de la derecha colombiana.

La respuesta dentro del partido no se hizo esperar. La candidata Valencia y dirigentes como Gabriel Vallejo defendieron la transparencia del proceso y minimizaron la posibilidad de una verdadera división interna, llamando a la unidad frente a los desafíos de la competencia electoral.

Esta crisis interna ocurre en un momento clave para el Centro Democrático, que busca consolidar su fuerza política frente al crecimiento de otros bloques y a la incertidumbre que caracteriza al actual ciclo electoral en Colombia.

FOTO: https://mariafernandacabal.com/conoceme/

La contienda por la Presidencia de 2026 acelera su ritmo. Dos hechos marcan la agenda: el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) consolida su favoritismo en las mediciones más recientes, y la Gran Consulta por Colombia —la coalición de centro y derecha— realizó su primer debate televisivo, centrado en seguridad, economía y salud.

Las encuestas: la del Centro Nacional de Consultoría (CNC), divulgada en las últimas horas, coloca a Cepeda con 28,2% de intención de voto, seguido por Abelardo De la Espriella (15,5%) y Sergio Fajardo (9,8%). Otras mediciones, como Guarumo-Ecoanalítica y GAD3, lo ubican entre 28% y 33%, confirmando su liderazgo, que permanece pese a las reacciones contra el gobierno Petro sobre orden público e inflación. Cepeda insiste en la “paz total” y derechos sociales, mientras sus críticos lo acusan de continuidad radical (acusaciones que él rechaza como guerra sucia).

Por su parte, el 25 de enero se llevó a cabo “El Debate de la Gente” (El Tiempo, RCN, La FM, Citytv), con nueve precandidatos de la Gran Consulta: Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria, entre otros. Los temas dominantes fueron “tolerancia cero” contra el crimen organizado —con propuestas de Plan Colombia 2.0 y cooperación con EE.UU.—, rebaja de impuestos (desmonte gradual del 4×1.000), austeridad fiscal y críticas al modelo actual de salud. Vicky Dávila mencionó posible apoyo de Trump; Paloma Valencia y juan Carlos Pinzón destacaron la necesidad de firmeza en el campo de la seguridad.

El debate no definió un claro ganador —aunque Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón y Vicky Dávila lideraron en sondeos informales—, y mostró una oposición activa que busca capitalizar el descontento ciudadano. A apenas 41 días de las consultas del 8 de marzo, la polarización se mantiene: una izquierda alrededor de Cepeda y una centroderecha fragmentada y combativa. La verdadera definición vendrá tras las consultas de marzo y en la construcción de alianzas para el 31 de mayo.

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SENADO DE LA REPÚBLICA (https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/4391-no-hay-posibilidad-de-impunidad-senador-ivan-cepeda-al-proyecto-de-sometimiento

RCN  NOTICIAS https://www.youtube.com/watch?v=ci7Cg1WCqd0

En una entrevista concedida a CNN en Español el 21 de enero de 2026, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, líder del movimiento de derecha Defensores de la Patria, declaró con contundencia que la contienda por la Casa de Nariño se reducirá a un duelo directo entre él y Iván Cepeda, abanderado del Pacto Histórico y representante de la izquierda oficialista.

“Esto va a ser entre el señor Cepeda y yo”, aseguró De la Espriella durante el programa Conclusiones. El empresario y abogado, quien en apenas seis meses ha escalado hasta el segundo lugar en varias encuestas, argumentó que la polarización política en Colombia es tan profunda que deja poco espacio para otras opciones. Según promedios de sondeos recientes, como el de GAD3 para RCN (30% Cepeda vs. 22% De la Espriella), ambos candidatos se encuentran en un empate técnico en algunos escenarios.

De la Espriella, conocido por sus posturas firmes y su cercanía a líderes de derecha regionales, enfatizó que su campaña ha ganado terreno rápidamente, incluso en regiones tradicionalmente petristas como Bogotá y el Caribe. “Estamos en empate técnico con Cepeda y ganando en todo el país”, agregó, proyectando un escenario de primera vuelta (31 de mayo) donde solo ellos dos disputarían el liderazgo.

Por su parte, Iván Cepeda, senador y ganador de la consulta interna del Pacto Histórico en 2025, representa la continuidad del proyecto de Gustavo Petro. Las declaraciones de De la Espriella refuerzan el temor a una campaña marcada por el enfrentamiento ideológico extremo, con temas como seguridad, economía y relaciones internacionales en el centro del debate.

A cuatro meses de la primera vuelta, este intercambio evidencia que la elección presidencial de 2026 podría definirse como un nuevo capítulo de polarización histórica en Colombia, similar al de 2022, pero con protagonistas renovados. El país se prepara para una batalla electoral que promete ser intensa y parece marcada desde ya por un fuerte radicalismo. 

Foto: Abelardo de la Espriella

Quedan solo 46 días para  las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026, que coincidirán con las elecciones al Congreso. Este proceso definirá a los candidatos presidenciales de las principales coaliciones y marcará el inicio real de la contienda por suceder a Gustavo Petro en la primera vuelta del 31 de mayo.

En el espectro de izquierda, el Pacto Amplio (heredero del petrismo) concentra la atención principal. El senador Iván Cepeda se consolida como el favorito tras liderar encuestas recientes, como la de GAD3 para RCN (publicada a mediados de enero), donde obtuvo un 30% de intención de voto. Cepeda reiteró su participación firme en la consulta y rechazó cualquier inhabilitación: argumenta que la consulta interna del Pacto Histórico en octubre de 2025 no fue interpartidista, por lo que no aplica restricción legal. Advierte que cualquier intento de impedirlo generaría una fuerte movilización social del sector de la izquierda. Otros nombres en la órbita del Pacto Amplio incluyen a Roy Barreras (con su partido La Fuerza), Camilo Romero (buscando aval) y otras posibles incorporaciones como Clara López o Claudia López y Juan Fernando Cristo, según declaraciones del propio Barreras, quien busca ampliar la base hacia liberales socialdemócratas, verdes e independientes.

Por el lado de la derecha y centro-derecha, la Gran Consulta por Colombia reúne a precandidatos como Paloma Valencia (Centro Democrático, heredera del uribismo), Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Enrique Peñalosa, entre otros. Recientemente, la Registraduría avaló a 15 candidatos por firmas (incluyendo a Mauricio Lizcano, quien suma coavales como el de la ASI y más de 1,8 millones de rúbricas), varios de los cuales se integrarán a esta coalición.

Con el ambiente preelectoral ya muy cargado, las consultas de marzo no solo elegirán abanderados, sino que medirán fuerzas reales y podrían reconfigurar alianzas. El año 2026 se perfila como uno de los más polarizados en décadas.

La Registraduría Nacional del Estado Civil culminó el 19 de enero de 2026 uno de los procesos más complejos del calendario electoral: la revisión y certificación de más de 28,5 millones de firmas presentadas por 22 grupos significativos de ciudadanos para respaldar candidaturas presidenciales independientes. Tras una exhaustiva auditoría técnica, el órgano electoral avaló oficialmente a 15 aspirantes que superaron el umbral mínimo requerido de aproximadamente 635.000 firmas válidas, dejando fuera a siete que no cumplieron con el requisito legal.

Entre los últimos certificados destacan figuras como Abelardo de la Espriella, quien presentó casi 5 millones de firmas y se consolida como uno de los precandidatos con mayor respaldo ciudadano; Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, con más de 2,6 millones de apoyos; Daniel Palacios, exministro del Interior; Carlos Felipe Córdoba, excontralor; Sondra Macollins y Leonardo Huerta. Estos se suman a los nueve previamente avalados: Luis Gilberto Murillo, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Santiago Botero, David Luna, Claudia López y Mauricio Lizcano.

Así se cierra esta fase clave que estará seguida por la inscripción formal de candidaturas, que se extenderá del 31 de enero al 13 de marzo y en la que se podrán inscribir todos los avalados por partidos políticos, además de estos avalados por firmas. Algunos de estos aspirantes participarán en consultas interpartidistas el 8 de marzo, mientras que otros irán directamente a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026.

El proceso no estuvo exento de controversias: la Registraduría detectó intentos de fraude, así como firmas repetidas o fotocopiadas, lo que generó denuncias y sanciones en algunos casos. Con este escenario de alta fragmentación, el tarjetón presidencial se perfila como uno de los más concurridos en la historia reciente de Colombia, reflejando la diversidad de opciones entre las que los electores definirán el futuro político del país.

La encuesta de GAD3 para Noticias RCN, divulgada el 18 de enero de 2026, ha sacudido el arranque electoral del año al publicar como claro líder en la intención de voto presidencial al senador Iván Cepeda (Pacto Histórico). Con un 30 % de las preferencias, Cepeda supera al abogado Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), quien registra 22 %. En tercer lugar aparece la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) con 3 %, seguida por figuras como Vicky Dávila y Juan Manuel Galán, aunque muy por detrás de los dos punteros.

El sondeo, realizado entre el 13 y 15 de enero con una muestra de 1.207 personas mayores de edad y un margen de error de 2,83 %, refleja una polarización marcada: Cepeda busca consolidar el legado político del petrismo con un discurso enfocado en la continuidad de su proyecto de socialismo, mientras De la Espriella capitaliza el rechazo al Gobierno actual desde una postura de derecha, atrayendo a sectores opositores, descontentos con el caos de la actual administración.

En la consulta interna del Pacto Amplio (izquierda), Cepeda arrasa con 34 %, dejando rezagados a Roy Barreras (4 %) y Camilo Romero (3 %). En contraste, en la Gran Consulta por Colombia (centro-derecha), Paloma Valencia lidera, mientras que la falta de definición de muchos ciudadanos todavía se ve reflejada en las cifras de Voto en blanco, No sabe, o No contesta, que aún superan a las de varios aspirantes.

En un hipotético escenario de segunda vuelta, la encuesta muestra también unos resultados favorables a Cepeda (40 % - 32 %). Esto sugiere que, faltando cinco meses para la primera vuelta (31 de mayo), y con los eventos previos de las elecciones legislativas y consultas populares del 8 de marzo, la izquierda parte con impulso favorable, producto de haber escogido su candidato con anterioridad. Sin embargo, las alianzas en la derecha y el alto abstencionismo podrían alterar el panorama de manera radical.

La encuesta confirma algunas de las cifras mostradas por otros sondeos previos (p.ej. Invamer, nov. 2025) y genera el debate de fondo: ¿es sostenible el liderazgo de Cepeda ante una posible movilización de la oposición? O ¿representa De la Espriella un fenómeno emergente capaz de capitalizar el descontento en los sectores más amplios de la población? El año electoral colombiano ha comenzado en firme, y ya está en ebullición.

FOTO: SENADO DE LA REPÚBLICA (https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/4391-no-hay-posibilidad-de-impunidad-senador-ivan-cepeda-al-proyecto-de-sometimiento)

En pleno arranque del año electoral 2026, uno de los debates más intensos en Colombia gira en torno a la Ley 2494 de 2025, conocida como la Ley de Encuestas. Esta norma, sancionada por el presidente Gustavo Petro en julio de 2025, regula la elaboración, publicación y divulgación de sondeos de opinión política y electoral, con el objetivo declarado de garantizar mayor transparencia, rigor metodológico y vigilancia por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, la ley ha generado una fuerte controversia. Entre sus disposiciones más polémicas se encuentra la prohibición temporal de publicar encuestas que midan intención de voto durante los tres meses previos a la inscripción oficial de candidaturas (para las elecciones presidenciales de 2026, esto implicó un silencio informativo desde noviembre de 2025 hasta finales de enero de 2026). Además, impone requisitos técnicos estrictos, como muestras probabilísticas, inclusión obligatoria de aspirantes con “notoriedad pública significativa” y entrega de bases de datos al CNE para auditorías.

Las principales firmas encuestadoras, como Guarumo, Invamer y otras, han demandado la norma ante la Corte Constitucional, argumentando que vulnera derechos fundamentales: la libertad de expresión, el derecho a la información y la participación democrática. Alegan que las encuestas son una herramienta clave para visibilizar candidaturas, rendir cuentas anticipadas y permitir que los ciudadanos evalúen el debate público. Consideran la restricción temporal desproporcionada y afirman que la ley debió tramitarse como estatutaria por afectar libertades esenciales, no como ordinaria.

Por su parte, el Gobierno Nacional, a través de conceptos presentados en el expediente (estudiado por el magistrado Juan Carlos Cortés), defiende la exequibilidad total de la norma. Insiste en que se trata de una regulación operativa y técnica del proceso electoral, no de una limitación al voto o a la postulación. Argumenta que no genera “orden de gasto” adicional y que optimiza funciones existentes del CNE, promoviendo transparencia en un contexto donde las encuestas pueden influir en percepciones y estrategias políticas.

En las últimas semanas (enero 2026), el pulso se ha intensificado con la llegada de nuevos conceptos y la revisión de pruebas. Firmas como Guarumo han calificado la ley como una “mordaza” que afecta desproporcionadamente la democracia informada, mientras el Ejecutivo busca unificar demandas y salvar la norma en su integridad.

Este enfrentamiento judicial sobrte la libertad para la publicación de encuestas y sondeos electorales es clave para la fortaleza de la democracia en Colombia: de la decisión de la Corte dependerá cómo se divulguen las mediciones de intención de voto en los próximos meses críticos, en un año donde las consultas interpartidistas (marzo) y la primera vuelta presidencial (mayo) definirán el futuro político de Colombia. Y previendo el clima de todas las elecciones futuras, el fallo podría reconfigurar el rol de las encuestas como termómetro democrático o como instrumento regulado con mayor control estatal.

La recomposición del gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro, ocurrida en los primeros días de enero de 2026, representa uno de sus remezones más significativos justo en la recta final de su mandato, cuando solo siete meses le restan. Este movimiento brocrático se enmarca en un contexto de tensiones internas, bajas ejecuciones en algunas carteras y la necesidad de mejorar en algo la imagen del gobierno de cara al cierre y la transición electoral.

El detonante principal fue la solicitud de renuncias a figuras clave del círculo cercano. El 14 de enero, Angie Rodríguez presentó su renuncia irrevocable como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), cargo que ocupaba como mano derecha del mandatario desde inicios de 2025. Rodríguez, envuelta en controversias por nombramientos y manejo presupuestal, pasará a dirigir en propiedad el Fondo de Adaptación, entidad con millonarios recursos para inversión en cambio climático. Su salida generó especulaciones sobre "fuego amigo" y disputas internas.

Casi simultáneamente, Jorge Lemus dimitió como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), organismo sensible en temas de seguridad y narcotráfico. Lemus, también rodeado de polémicas, asumirá la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). El golpe más visible fue la renuncia solicitada a Juan Carlos Florián, ministro de Igualdad y Equidad, quien no cumplió expectativas en ejecución de políticas y programas, pese a su cercanía histórica con Petro desde sus tiempos en la alcaldía de Bogotá.

Estos cambios, que se suman a las más de 57 salidas ministeriales acumuladas en el gobierno, buscan oxigenar el final de la administración, tratar de mostrar aspectos del cumplimiento del programa de gobierno y reducir fricciones internas. José Raúl Moreno fue ratificado como jefe de Despacho y asumió temporalmente el Ministerio de Igualdad, mientras se definen nuevos nombres.

El remezón ocurre justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías y en un año electoral, en el que Petro busca fortalecer lealtades y enfocarse en reformas pendientes. Sus críticos lo ven como un  claro signo de inestabilidad;  sus aliados, como un ajuste necesario para un cierre un poco más ordenado. El gabinete, en constante rotación durante los 4 años, parece ser un reflejo de  las tensiones y dificultades del proyecto petrista a lo largo de todo su período.  

FOTO: Canal Institucional/https://www.youtube.com/watch?v=WailCzNodAQ

En un golpe inesperado a las aspiraciones legislativas del gobierno Petro, un exregistrador delegado presentó una querella formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitando la revocatoria de la inscripción de 14 listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes para las elecciones del 8 de marzo de 2026. La acción, radicada por el abogado Nicolás Farfán Namén —exdelegado para lo electoral de la Registraduría—, pone en jaque la participación de la coalición petrista en regiones clave como Bogotá, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Caldas, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Putumayo, San Andrés, Sucre, Tolima, Vichada y la circunscripción internacional.

El argumento central radica en una presunta violación al inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política, que limita las coaliciones entre partidos y movimientos políticos a un máximo del 15% de la votación válida obtenida en la circunscripción respectiva en la elección anterior. Según los cálculos expuestos en la querella, en varias regiones la suma de votos de los partidos y movimientos que integran el Pacto Histórico (incluyendo Colombia Humana) supera ampliamente ese umbral: Bogotá alcanza el 28,9%, Cauca el 27,07% y Putumayo el 38,47%, entre otros. Además, se alega que en algunos casos se ignoraron los resultados de la consulta interpartidista del 26 de octubre de 2025, contraviniendo normas estatutarias sobre democracia interna.

Si el CNE acoge la petición, el Pacto Histórico podría quedar sin listas en esas circunscripciones estratégicas, lo que reduciría drásticamente su capacidad para obtener curules en la Cámara y debilitaría su posición en el Congreso entrante. Esto representaría un revés significativo para el petrismo en plena precampaña presidencial, justo cuando busca consolidar mayorías legislativas para impulsar sus proyectos de reformas que han sido rechazados en el Congreso por iconvenientes.

El Consejo Nacional Electoral deberá ahora evaluar la querella, posiblemente admitirla para estudio y abrir un trámite administrativo que podría resolverse en las próximas semanas. Mientras tanto, el Pacto Histórico prepara su defensa, argumentando que su inscripción como partido único o la naturaleza de las alianzas internas no viola los topes constitucionales. El desenlace de este caso podría llegar a afectar el mapa electoral de 2026 y a generar controversias adicionales en el escenario político colombiano.

A cinco meses de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, la “Gran Consulta por Colombia” se consolida como el principal mecanismo de unidad en el espectro de la centroderecha y la derecha, opositoras al gobierno de Gustavo Petro. Esta coalición, que ya agrupa a nueve precandidatos (Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Lizcano y Juan Manuel Galán) y que espera nuevos integrantes, incluyendo al exalcalde Enrique Peñalosa, se medirá el 8 de marzo en simultánea con las elecciones al Congreso, en busca de un candidato único que enfrente con fuerza al favorito de la izquierda, Iván Cepeda.

La más reciente encuesta de AtlasIntel para Semana (realizada entre el 5 y 8 de enero) revela que el 18,7 % de los encuestados participaría en esta consulta, un respaldo inicial sólido, obtenido sin campañas masivas ni publicidad plena. Dentro de la ¨La Gran Consulta por Colombia¨, antes de las esperadas nuevas adiciones, Paloma Valencia lidera con 19,1 % de intención de voto, seguida por Juan Carlos Pinzón (13,1 %), Aníbal Gaviria (11,1 %) y Juan Daniel Oviedo (10,6 %). Aparte de este grupo, la encuesta presenta a Abelardo de la Espriella (28 %) e Iván Cepeda (26,5 %) en cabeza de la primera vuelta, con Sergio Fajardo en tercer lugar (9,4 %).

Expertos destacan que la ¨Gran Consulta por Colombia¨ del 8 de marzo,  no solo definirá un nombre, sino que servirá como “sello de competitividad”, impulsará visibilidad y permitirá reconfigurar alianzas. Con la Registraduría avanzando en la verificación de firmas (que finaliza el próximo 21 de enero) y la inscripción formal de candidatos presidenciales hasta 13 de marzo, la “Gran Consulta por Colombia” representa una apuesta clave de la oposición por superar divisiones históricas y disputar el poder en un escenario marcado también por  eventos internacionales como la captura de Maduro. El año electoral apenas comienza, pero las encuestas ya marcan el pulso de una contienda decisiva para el futuro de Colombia.

La reciente conversación telefónica entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, ocurrida el 7 de enero de 2026, ha marcado un antes y un después en el escenario electoral colombiano, a solo 60 días de la elección del Congreso y las consultas interpartidistas del 8 de marzo, que antecederán a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

Tras los días de alta tensión —desencadenada por la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y amenazas veladas de intervención militar estadounidense en Colombia—, la llamada desescaló las tensiones. Trump la calificó como “un honor”, mientras Petro destacó la necesidad de diálogo para evitar “guerra”. Ambos mandatarios acordaron una futura reunión en Washington, con participación de Marco Rubio y la canciller colombiana.

Este acercamiento ha generado reacciones polarizadas. En la izquierda oficialista, liderada por Iván Cepeda (favorito en el llamado ¨Pacto Amplio¨ que busca la unión de la izquierda para los próximos comicios), se pierde cualquier fuerza del potente discurso “antiimperialista” y de defensa de la soberanía que movilizaba bases.

En la centro-derecha, cuya unión se sigue consolidando con la reciente llegada de Juan Carlos Pinzón, se criticó el tono “débil” de Petro, acusándolo de ceder ante presiones externas, mientras los aspirantes de centro y centro-izquierda Sergio Fajardo y Roy Barreras lo celebraron como “buena noticia” para Colombia y ejemplo de moderación.

Para la oposición, que reúne ya nueve pre-candidatos en la ¨Gran Consulta por Colombia¨, la opción del diálogo es vista como positiva frente a la postura radical  e incluso ¨guerrerista¨ que ha venido sosteniendo el mandatario en sus 3 años y medio de gobierno, aunque no dejan de advertir los peligros de tratar de llevar una relación tan amplia entre dos países a un plano meramente personal.

En un año de alta polarización, esta llamada no solo disminuye temporalmente las tensiones bilaterales, sino que obliga a todos los participantes en la contienda electoral a repensar estrategias para conquistar al sector indeciso.

FOTO: Crédito @DapreCol/X

Con el inicio de 2026, Colombia entra de lleno en el año electoral que definirá al sucesor de Gustavo Petro en la Presidencia. Las elecciones legislativas están programadas para el 8 de marzo, en las que  se renovarán los 108 escaños del Senado y los 188 de la Cámara de Representantes, y además se realizarán las  consultas interpartidistas para elegir candidatos presidenciales únicos en coaliciones.

La primera vuelta presidencial será el 31 de mayo, y una eventual segunda vuelta el 21 de junio.Las primeras encuestas del año, publicadas en diciembre de 2025 y enero de 2026 por firmas como Invamer, Centro Nacional de Consultoría (CNC), Guarumo y W.A.A., coinciden en un liderazgo claro del senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y representante del oficialismo. Cepeda obtiene entre el 24% y 31% de intención de voto, consolidándose como favorito para llegar a segunda vuelta.En segundo lugar aparece el abogado Abelardo de la Espriella, postulado por firmas y respaldado por sectores de derecha dura, con cifras que oscilan entre el 16% y 18%. Algunos sondeos lo presentan como el principal contendor opositor, aunque con dudas sobre su techo electoral.El tercer puesto lo ocupa el centrista Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, con alrededor del 8-9%, posicionándose como una opción moderada que podría atraer votos antisistema en escenarios de balotaje.

Otros nombres como Paloma Valencia (candidata del Centro Democrático tras ganar su consulta interna), Claudia López, Vicky Dávila o Miguel Uribe Londoño rondan porcentajes menores, por debajo del 5%. El voto en blanco también destaca en varios sondeos, superando incluso a algunos candidatos.

En escenarios de segunda vuelta, Cepeda muestra ventaja sobre De la Espriella pero la contienda se estrecha frente a Fajardo. Analistas destacan la polarización ideológica: izquierda vs. derecha, con el centro como posible árbitro.Este arranque electoral ocurre en un contexto de tensión internacional por las amenazas de Donald Trump, pero el foco interno está en las coaliciones, la violencia en regiones y la economía. Los próximos meses serán la clave para depurar candidaturas y medir el impacto de las legislativas en la presidencial.

A inicios de enero de 2026, la amenaza de Donald Trump de intervenir militarmente en Colombia —tras acusar a Gustavo Petro de complicidad con el narcotráfico y celebrar la captura de Nicolás Maduro— ha convertido la crisis diplomática en el eje central del año electoral.

El impacto en el fenómeno electoral es profundo y multifacético. Primero, genera un efecto rally de corte nacionalista que beneficia a la izquierda. Petro, al convocar marchas masivas y declararse dispuesto a defender la soberanía “con las armas si es necesario”, refuerza su narrativa antiimperialista.

La movilización popular podría traducirse en un impulso progresista para las elecciones legislativas del 8 de marzo.

Algunos reprsentantes del centro (Gaviria, Galán, Fajardo) rechazan cualquier intervención extranjera y son muy enfáticos en expresar que a Petro se le debe derrotar únicamente en las urnas, reforzando indirectamente la posición de izuierda.

Mientras tanto, la derecha (De la Espriella, independientes, y sectores uribistas) evita condenar a Trump o incluso lo celebra, reforzando su discurso antidrogas, así como su postura en contra del régimen de Maduro y del socialismo del siglo XXI.  

Las tensiones producto de los enfrentamientos verbales y por redes sociales entre los mandatarios desplazan a los demás temas de campaña. La discusión sobre economía, reformas sociales o seguridad interna queda eclipsada por otros temas como soberanía nacional y narcotráfico, polarizando aún más el debate.

Los  nuevos episodios de la crisis aceleran la campaña, e impulsarían  a la izquierda si Petro logra capitalizar el sentimiento anti-Trump, arriesgando de manera que muchos consideran irresponsable muchas otras áreas de la relación binacional y con el riesgo de provocar en Colombia un gigantesco daño económico, que la oposición trata de advertir y resaltar.

El 2026 arranca con nuevas causas de tensión: las elecciones ya no sólo decidirán el rumbo interno, sino la posición colombiana ante la presión externa de Washington.

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, anunciada por el presidente Donald Trump tras un ataque militar en Venezuela, ha generado un terremoto político en la región. Este evento, que marca en la práctica el comienzo del fin del régimen chavista, no solo redefine el panorama venezolano, sino que proyecta ondas de choque directas sobre las elecciones del nuevo Congreso en Colombia, el próximo mes de marzo, y las presidenciales, que tienen su primera vuelta programada para mayo de 2026. Con una frontera compartida de más de 2.200 kilómetros y millones de migrantes venezolanos en suelo colombiano, la caída de Maduro intensifica debates clave en la campaña electoral.

En primer lugar, polariza el espectro político colombiano. El presidente Gustavo Petro, aliado ideológico del chavismo, rechazó enérgicamente la intervención de Washington, ordenando medidas de seguridad fronteriza y llamando a una resolución pacífica. Sus críticos, candidatos y precandidatos de oposición, ven la captura como una oportunidad para restaurar la libertad en Venezuela, capitalizando el evento para atacar al petrismo por su cercanía con Maduro. Esta visión busca fortalecer candidaturas de centroderecha que enfatizan en seguridad y ataque. La izquierda, para asegurar votos de sectores conservadores.

Económicamente, la inestabilidad post-captura amenaza con provocar un nuevo éxodo migratorio, exacerbando presiones sobre los servicios públicos colombianos y avivando discursos xenófobos en la campaña durante los próximos meses. Analistas destacan que esto reabre expedientes políticos internos, como el "efecto espejo" dirigido a figuras como Iván Cepeda, y otras de izquierda vinculadas a redes chavistas, que podría erosionar el apoyo al Pacto Histórico.

Por otro lado, el presidente del Senado, Lidio García, expresó respaldo a la democracia venezolana, pero advirtió contra el peligro de una escalada bélica que puede llegar a afectar a Colombia. Aún más allá, voceros de los movimientos de izquierda y afines al petrismo critican la intervención como una injerencia indebida en asuntos del Estado venezolano.

Los  candidatos presidenciales chocan en debates, unos celebrando el "cierre de una etapa" y otros temiendo repercusiones en la soberanía regional.

La captura de Maduro acelera la polarización electoral en Colombia, beneficiando a la oposición al exponer vulnerabilidades del gobierno actual, mientras obliga a todos los aspirantes a posicionarse ante un vecino en crisis, lo que podría inclinar la balanza hacia candidatos con agendas de mano dura en migración y seguridad, alterando el mapa político de 2026.

Colombia, como el más importante país vecino, contiene el aliento ante una resolución incierta que definirá su propio futuro electoral.

FOTO: DONALD TRUMP

En el contexto actual de preocupaciones por el orden público y restricciones presupuestales, el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ha sido categórico: las elecciones de 2026 en Colombia se realizarán sin aplazamientos ni suspensiones. “No hay norma alguna que permita suspender unas elecciones en Colombia”, declaró recientemente en entrevistas a medios como El Espectador e Infobae, enfatizando que la Constitución Política fija las fechas de manera inamovible, independientemente de emergencias o situaciones de seguridad.

Penagos respondió así a especulaciones sobre posibles impactos en el proceso electoral debido a la violencia en regiones afectadas por grupos armados ilegales y a retrasos en pagos a proveedores por dificultades de caja del Estado. Sin embargo, aseguró que presupuestalmente no hay problemas: los servicios electorales ya están contratados con recursos de 2025 y vigencias futuras de 2026.

“El calendario electoral no está en peligro”, afirmó, destacando la implementación de medidas como biometría en miles de mesas, auditorías robustas y coordinación con la Fuerza Pública a través del Plan Democracia.

Este año marca el inicio oficial del ciclo electoral. Entre las fechas clave inmediatas figuran el 8 de enero de 2026, cuando inicia el sorteo de jurados de votación para las elecciones legislativas y cierra el plazo para inscribir cédulas por cambio de domicilio; y el 21 de enero, límite para verificar firmas de candidatos independientes. Más adelante, el 8 de marzo se celebrarán las elecciones al Congreso (así como las de de las consultas internas), y el 31 de mayo la primera vuelta presidencial, con segunda vuelta el 21 de junio, si es necesario.

Las declaraciones de Penagos generan una ola de confianza en un proceso que renovará el Congreso y elegirá al sucesor de Gustavo Petro.

Con innovaciones tecnológicas y observación internacional, la Registraduría promete comicios transparentes e íntegros, reafirmando que la democracia colombiana prevalece ante cualquier adversidad.

 FOTO: Registaduría Nacional del Estado Civil vía https://www.registraduria.gov.co/-2024-.html?debut_noticias=90

A partir del 2 de enero de 2026, Colombia se encuentra en los últimos días del período clave para que los ciudadanos actualicen su lugar de votación o reclamen su cédula de ciudadanía, de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026. La Registraduría Nacional del Estado Civil mantiene abiertas sus más de 1.200 sedes en todo el país, así como cientos de puntos adicionales en centros comerciales, universidades y zonas de alta afluencia, para facilitar estos trámites esenciales.

Este proceso -regulado por la Ley Estatutaria 1475 de 2011- culmina irrevocablemente el 8 de enero de 2026, exactamente dos meses antes de los comicios al Congreso. Solo deben realizarlo quienes han cambiado de residencia, regresado permanentemente al país o poseen cédulas expedidas antes de 1988 sin inscripción en el censo electoral. Para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, el plazo se extenderá hasta el 31 de marzo.

La campaña “Votar cerca, te acerca” de la Registraduría busca reducir el abstencionismo, que históricamente afecta la participación electpral, especialmente en los casos en que los puestos de votación están lejos del domicilio actual. Además, se han implementado innovaciones como campañas móviles, inscripción en línea para colombianos en el exterior y, en algunos casos, opciones digitales con biometría facial.

Los ciudadanos pueden consultar su puesto actual en el sitio web www.registraduria.gov.co, ingresando su número de cédula. El trámite es gratuito y requiere solo presentar la cédula física o digital.

Con el año electoral en marcha, esta es una oportunidad crucial para garantizar el ejercicio del voto en las próximas elecciones, que renovarán el Congreso y definirán el camino hacia la Presidencia. La Registraduría insta a no dejarlo para última hora y así evitar aglomeraciones.

El aumento del salario mínimo en Colombia decretado por el gobierno de Gustavo Petro se convirtió rápidamente en uno de los temas políticos más sensibles y polarizantes del debate nacional. Más allá de su impacto económico inmediato, la decisión adquirió un fuerte contenido simbólico y electoral, al tocar directamente el ingreso de millones de trabajadores y buscar redefinir el rol del Estado en la relación entre capital y trabajo.

Desde el Gobierno, el incremento fue presentado como una medida de justicia social orientada a recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación y a garantizar condiciones de vida más dignas para los hogares de menores ingresos. En el discurso oficial, el salario mínimo dejó de ser solo una variable técnica para convertirse en una herramienta de redistribución y de corrección de ¨desigualdades estructurales¨.

Sin embargo, las reacciones políticas y empresariales fueron inmediatas. Sectores de la oposición calificaron el aumento como exagerado y advirtieron que responde más a una lógica populista que a criterios de sostenibilidad económica. Gremios productivos y analistas señalaron los gravísimos riesgos asociados al encarecimiento de los costos laborales, al posible aumento de la informalidad y a presiones adicionales sobre la inflación, especialmente en un contexto de desaceleración económica.

El decreto también dio un durísimo golpe a la mesa de concertación laboral, debilitando el espíritu de consenso tripartito que históricamente ha acompañado la fijación del salario mínimo. Para algunos actores políticos, este hecho refuerza la percepción de un Gobierno dispuesto a imponer sus decisiones a costa del diálogo institucional.

En el plano político-electoral, el salario mínimo se consolidó como una bandera de movilización. Para el petrismo, busca representar una prueba concreta de su compromiso con los trabajadores, quienes posiblemente sufrirán deterioro en su calidad de vida luego del discurso inicial aparentemente positivo; para sus detractores, un ejemplo de intervencionismo con temibles consecuencias futuras como las sufridas en la vecina Venezuela por una medida similar del chavismo en su momento. Así, el debate trasciende lo económico y se instala en el centro de la disputa por el modelo de país, anticipando una gran presencia de este tema en todos los debates, como antesala de las elecciones de 2026.

FOTO: IG INFOCRONOS

La declaración de estado de emergencia económica y social por parte del presidente Gustavo Petro —formalizada mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025— ha generado una intensa reacción tanto en el ámbito político como en el electoral, a menos de seis meses de las elecciones de 2026. El Ejecutivo argumentó que la medida es necesaria para enfrentar una crisis fiscal profunda tras el fracaso de su reforma tributaria en el Congreso, pero ese enfoque ha alimentado un debate de amplias implicaciones nacionales.

Desde lo político, el decreto ha polarizado aún más el ambiente. El Pacto Histórico, movimiento que respalda al presidente Petro, expresó su apoyo al decreto y culpó al Congreso por bloquear una agenda fiscal que, en su opinión, buscaba equidad y sostenibilidad macroeconómica. Por otra parte, los sectores de oposición han denunciado que la emergencia económica es un intento de evasión del control democrático del Legislativo y una muestra de improvisación en la gestión de las finanzas públicas.

El espectro político también se ha visto movilizado por argumentos jurídicos: figuras como la senadora Angélica Lozano han señalado que la emergencia económica podría no cumplir con los requisitos constitucionales para su justificación, advirtiendo sobre una posible revisión por parte de la Corte Constitucional, que podría anular el decreto si concluye que no existe una amenaza económica verdaderamente imprevista.

En términos electorales, la medida influye en varias dinámicas claves de la contienda de 2026. Para el Gobierno, el uso de poderes extraordinarios proyecta una narrativa de liderazgo fuerte frente a crisis fiscal, lo que puede consolidar el apoyo de sectores que perciben la medida como una defensa de programas sociales y derechos esenciales. Sin embargo, la percepción de abuso de poder puede ser aprovechada por la oposición para articular mensajes de defensa del equilibrio de poderes, institucionalidad y respeto al Congreso, temas con alto eco en el electorado moderado.

Además, el decreto y su consecuente debate público han desplazado otras discusiones a la agenda electoral, como las propuestas de candidatos presidenciales y coaliciones, elevando la importancia de la economía y la legalidad institucional como ejes centrales de la campaña que se avecina. En suma, la emergencia económica decretada por Petro no solo plantea soluciones fiscales puntuales, sino que también redefine las prioridades, alianzas y discursos de cara a una de las contiendas más competitivas en la historia reciente de Colombia.

Hoy, 29 de diciembre de 2025, vence el plazo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos soliciten los anticipos de financiación estatal destinados a las consultas internas e interpartidistas del 8 de marzo de 2026.

De acuerdo con las  resoluciones 11745 y 12111 de 2025, estas organizaciones deben presentar su solicitud en la ventanilla única del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales. El anticipo puede alcanzar hasta el 80% de los recursos asignados, respaldado por pólizas o garantías bancarias para cubrir posibles devoluciones si no se alcanzan los votos mínimos requeridos.

Este mecanismo, regulado por la Ley 1475 de 2011, es crucial para financiar las campañas de precandidatos presidenciales en las consultas, que coincidirán con las elecciones legislativas. El CNE fijó un tope de gastos de 18.555 millones de pesos por campaña en estas consultas, equivalente a la mitad del límite para la primera vuelta presidencial.

La importancia de este plazo radica en que define qué coaliciones podrán acceder a recursos públicos para competir en las grandes consultas ya conformadas, como la del Pacto Amplio (izquierda, con Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero) y la Gran Consulta por Colombia (centroderecha, con figuras como Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo y otros).

Aquellas organizaciones que no soliciten el anticipo hoy, quedarán limitadas en su capacidad operativa, en un contexto de polarización creciente rumbo a las presidenciales del 31 de mayo de 2026. El CNE enfatiza la transparencia y el cumplimiento de requisitos para garantizar equidad en el proceso democrático.

El panorama político colombiano hacia las elecciones presidenciales de 2026 se clarifica con la consolidación de dos grandes consultas interpartidistas programadas para el 8 de marzo de 2026, coincidiendo con las elecciones legislativas al Congreso. Este mecanismo, regulado por el Consejo Nacional Electoral, permitirá a coaliciones definir un candidato único mediante voto popular, marcando el inicio real de la carrera a la Casa de Nariño.

Por el lado de la izquierda, se formalizó el Pacto Amplio, una alianza que busca continuar el proyecto del presidente Gustavo Petro. Los precandidatos confirmados son el senador Iván Cepeda (avalado por el Pacto Histórico), el exsenador Roy Barreras (partido La Fuerza) y el exgobernador Camilo Romero (inscrito por firmas). La coalición incluye partidos como Colombia Humana, MAIS, Partido del Trabajo de Colombia y Partido Ecologista Colombiano. En un comunicado del 22 de diciembre de 2025, enfatizaron principios como la profundización de reformas sociales, sus propuestas para la transición energética y para nuevos diálogos de paz, dejando abierta la puerta a más adhesiones. El objetivo es unir fuerzas para una candidatura competitiva que, en sus palabras ¨defienda los cambios iniciados en 2022¨.

En el espectro de centro-derecha, la Gran Consulta por Colombia reúne a siete precandidatos: la periodista Vicky Dávila, los exgobernadores Aníbal Gaviria y Juan Manuel Galán, el exministro Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo y, recientemente incorporada, la senadora Paloma Valencia (candidata del Centro Democrático). Esta alianza, anunciada en diciembre de 2025, promete respaldar al ganador y se busca perfilar como la principal oposición, con énfasis en seguridad, economía y una firme propuesta anticorrupción. Figuras como Juan Carlos Pinzón y otros aún evalúan sumarse.

Estas consultas no solo depurarán el tarjetón presidencial para la primera vuelta del 31 de mayo de 2026, sino que medirán la movilización ciudadana y la unidad de cada bloque. En un contexto polarizado, el 8 de marzo será un termómetro clave para definir quiénes serán los competidores finales a la sucesión de Petro.

La Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en la revisión de millones de firmas ciudadanas presentadas por aspirantes presidenciales que buscan avalar su candidatura por la vía de los grupos significativos de ciudadanos. Este proceso técnico, que suele pasar desapercibido para la opinión pública, se ha convertido en uno de los filtros más determinantes del calendario electoral rumbo a 2026.

De acuerdo con la entidad electoral, más de una veintena de comités inscribieron su intención de competir sin el respaldo de partidos políticos. Sin embargo, solo una fracción logró radicar efectivamente las firmas requeridas antes del cierre del plazo. Ahora, la Registraduría verifica uno a uno los apoyos entregados, evaluando su validez, autenticidad y cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos la correspondencia con el censo electoral y la ausencia de duplicidades.

Este proceso no solo define quiénes quedarán oficialmente habilitados para competir en la primera vuelta presidencial, sino que también reduce de manera significativa el número de aspirantes reales. En ciclos anteriores, la experiencia ha demostrado que una parte considerable de las firmas presentadas termina siendo anulada, lo que deja fuera de competencia a candidaturas que no alcanzan el umbral mínimo exigido.

La revisión ocurre en paralelo a otros movimientos clave del escenario político. El cierre de listas al Congreso y las discusiones sobre consultas interpartidistas han acelerado negociaciones y reacomodos en todos los bloques ideológicos. Al mismo tiempo, decisiones recientes del Consejo Nacional Electoral en materia de control y financiación de campañas refuerzan el mensaje de mayor rigor institucional en esta etapa temprana del proceso.

Para analistas electorales, el conteo y validación de firmas funciona como un primer “examen de realidad” para los aspirantes independientes. Quienes superen esta fase llegarán fortalecidos al inicio formal de la campaña; quienes no, quedarán fuera antes de que el debate presidencial entre en su fase más visible.

Así, mientras el país comienza a mirar hacia 2026, la Registraduría cumple un papel silencioso pero decisivo: definir quiénes realmente estarán en la línea de partida de la contienda presidencial.

En un movimiento clave para la carrera presidencial de 2026, varios sectores  de la izquierda en Colombia oficializaron este 22 de diciembre de 2025 la convocatoria a la Consulta del Pacto Amplio, programada para el 8 de marzo de 2026, coincidiendo con las elecciones legislativas. Esta consulta interpartidista busca elegir un candidato único de izquierda y centroizquierda, con el objetivo de continuar y profundizar las reformas iniciadas por el gobierno de Gustavo Petro.

Los precandidatos confirmados son el senador Iván Cepeda, referente del Pacto Histórico y ganador de una consulta interna previa en octubre; el exembajador Roy Barreras, líder de La Fuerza de la Paz, conocido por su habilidad para negociaciones políticas; y el exgobernador de Nariño Camilo Romero, con trayectoria en la izquierda alternativa y recientemente en la diplomacia, en Argentina. Aunque inicialmente se mencionó la posible inclusión de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, aún persisten dudas legales sobre su participación,  debido a su participación en procesos previos.

El pronunciamiento conjunto, respaldado por partidos como Pacto Histórico, Colombia Humana, MAIS, Partido del Trabajo de Colombia y Partido Ecologista Colombiano, enfatiza la unidad como "tarea histórica" para lograr un "país más justo, seguro y en paz". Se deja abierta la puerta a adhesiones de otros movimientos izquierdistas y liberales socialdemócratas que compartan ejes como la profundización de reformas sociales, la posición ante la transición energética y la solución dialogada de los enfrentamientos con movimientos al margen de la ley.

Este Pacto Amplio, evolución del inicialmente propuesto Frente Amplio, responde a la necesidad de evitar dispersión electoral y atraer votantes moderados, esenciales para competir en primera vuelta contra bloques como la Gran Consulta por Colombia, de Centro derecha. Analistas destacan que la consulta de marzo será un termómetro de la cohesión progresista, en un contexto de polarización donde la izquierda busca mantener el poder en la Casa de Nariño.

Con esta alianza, la izquierda envía un mensaje de organización temprana, poco frecuente en sus filas. El 8 de marzo no sólo se definirán los próximos miembros del Congreso, sino el liderazgo que guiará a la izquierda hacia las presidenciales de mayo de 2026.

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Con el cierre oficial del plazo para la presentación de firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, el panorama presidencial rumbo a 2026 entra en una nueva fase. Al término de la jornada, 16 precandidatos lograron radicar los apoyos ciudadanos necesarios para mantener viva su aspiración por la vía de los grupos significativos de ciudadanos, reduciendo de manera sustancial el número inicial de interesados en competir por fuera de los partidos.

El balance confirma que la recolección de firmas, aunque atractiva como mecanismo de legitimación ciudadana, supone un desafío logístico, financiero y organizativo que pocos aspirantes logran superar. La autoridad electoral deberá ahora verificar la autenticidad y validez de los apoyos, un proceso que definirá quiénes quedarán oficialmente habilitados para inscribirse como candidatos presidenciales en 2026.

Este cierre también evidencia una tendencia clara en el escenario político: la fragmentación del liderazgo y la búsqueda de caminos alternativos a las estructuras tradicionales. Varios de los aspirantes que lograron presentar firmas lo hicieron con cifras que superan ampliamente el umbral exigido por la ley, en un intento por enviar un mensaje de fortaleza política antes de que inicie formalmente la campaña.

El proceso se da en un contexto de mayor escrutinio sobre la transparencia electoral. En paralelo al cierre de firmas, continúan las discusiones públicas sobre el control a la financiación de campañas y el papel de los organismos de vigilancia electoral, un factor que empieza a incidir en el discurso de los aspirantes y en la percepción ciudadana sobre la limpieza del proceso.

Con las firmas ya radicadas y las listas al Congreso definidas, el calendario electoral avanza hacia una etapa más competitiva. A partir de ahora, los aspirantes deberán concentrarse en consolidar estructuras, definir alianzas y posicionar sus propuestas ante un electorado que observa con atención quiénes logran superar los primeros filtros del camino hacia la Presidencia.

El Pacto Histórico abrió este jueves una nueva etapa en su consolidación política tras avanzar en su reconocimiento como movimiento ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y poner en marcha una coordinación nacional provisional que tendrá a su cargo la reorganización interna y la estrategia electoral con miras a las elecciones de 2026. Este paso marca un momento clave para la coalición que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia,  que busca ahora proyectarse más allá de la actual administración.

Según lo anunciado, la nueva estructura del Pacto Histórico se enfocará en fortalecer su presencia territorial, definir reglas internas de funcionamiento y preparar los mecanismos de selección de candidaturas para Congreso y Presidencia. La dirigencia del movimiento señaló que el objetivo es ofrecer una plataforma política más cohesionada, capaz de enfrentar un escenario electoral altamente competitivo y fragmentado.

La decisión se produce en un contexto de tensiones internas dentro de la izquierda, marcada por la salida de algunos aliados regionales y el debate sobre el rumbo del Gobierno. Para el Pacto Histórico, el reto inmediato será mantener la unidad de sus diferentes sectores y evitar fisuras que puedan debilitar su capacidad electoral en 2026. Voceros del movimiento han insistido en que la prioridad será la construcción de consensos y la apertura a nuevos liderazgos.

Analistas políticos coinciden en que el reconocimiento formal del Pacto Histórico como movimiento representa una ventaja estratégica frente a otros bloques que aún no logran definir candidaturas ni reglas claras de competencia interna. Sin embargo, advierten que la consolidación organizativa no garantiza por sí sola el éxito electoral, tomando en cuenta el desgaste del Gobierno.

Con esta reorganización, el Pacto Histórico busca pasar de ser una coalición electoral a  un actor político estructurado y permanente. Su desempeño en los próximos meses será determinante para medir si logra capitalizar su experiencia de gobierno y sostener su influencia en el escenario político colombiano hacia el futuro.

FOTO: EL TIEMPO/PRESIDENCIA

Muy pronto, usted podrá consultar la información sobre todos los candidatos inscritos para las elecciones 2006 en esta página: https://ordenpolitico.com

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó este 18 de diciembre el listado definitivo de candidatos inscritos para las elecciones legislativas de 2026, luego del cierre del período de modificaciones por renuncias y no aceptación. En total, 3.144 aspirantes quedaron oficialmente habilitados para competir por curules en el Senado y la Cámara de Representantes, una cifra que refleja la alta fragmentación del sistema político colombiano y la intensidad del ciclo electoral que ya está en marcha.

El cierre de esta etapa marca un punto clave del calendario electoral, pues a partir de ahora los partidos deberán concentrarse en la campaña abierta y en la movilización territorial. Las listas consolidadas evidencian tensiones internas, reacomodos de último momento y la convivencia entre figuras tradicionales y nuevos liderazgos que buscan abrirse espacio en el Congreso 2026–2030.

Este panorama legislativo se cruza con otro hito relevante: el cierre del plazo para la inscripción por firmas de aspirantes a la Presidencia, que dejó alrededor de 16 precandidatos en carrera por la vía de los grupos significativos de ciudadanos. La reducción del número inicial de comités inscritos confirma que, aunque la ruta de las firmas es atractiva, solo una minoría logra cumplir con los requisitos técnicos y logísticos exigidos por la autoridad electoral.

Por otra parte, la Registraduría también confirmó que el comité de firmas del exalcalde Daniel Quintero no se inscribirá, descartando esa vía para su eventual aspiración presidencial. La decisión tuvo impacto inmediato en el debate público y subraya el rigor con el que la entidad viene aplicando las normas electorales en esta fase inicial.

En conjunto, estos tres hechos delinean un escenario más definido: unas elecciones al Congreso altamente competitivas, una carrera presidencial con menos aspirantes de los previstos y una autoridad electoral que busca enviar un mensaje de control y transparencia. Con las listas en firme y las firmas radicadas, la campaña hacia 2026 entra ahora en su fase decisiva.

Muy pronto, se podrá consultar la información sobre todos los candidatos inscritos en esta página: https://ordenpolitico.com

El resultado de las recientes elecciones en Chile generó una ola de reacciones en Colombia, donde dirigentes políticos, analistas y sectores de opinión interpretaron el desenlace como una señal relevante para el futuro político de América Latina. Más allá del resultado puntual, el proceso chileno fue leído como un termómetro del estado de ánimo ciudadano frente a los gobiernos, las reformas estructurales y la polarización ideológica en la región.

Desde el Gobierno colombiano, aparte de la reacción presidencial en la que expresó en X que ¨El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano." y ¨…volvieron a matar al presidente¨, algunas voces destacaron la importancia del respeto institucional y la madurez democrática del sistema chileno, subrayando el valor de los procesos electorales como mecanismo de ajuste político. En declaraciones públicas y mensajes en redes sociales, funcionarios resaltaron que los resultados reflejan una ciudadanía exigente, dispuesta a premiar o castigar proyectos políticos según su desempeño y capacidad de respuesta a las demandas sociales.

En la oposición, el resultado fue interpretado como una advertencia para los gobiernos de izquierda en la región. Dirigentes de sectores de centro y derecha señalaron que el electorado chileno envió un mensaje claro frente a agendas percibidas como ideologizadas o alejadas de las preocupaciones cotidianas, como el costo de vida, la seguridad y el crecimiento económico. Para estos sectores, el caso chileno refuerza la necesidad de propuestas moderadas y viables de cara a las elecciones de 2026 en Colombia.

Analistas políticos y académicos coincidieron en que el impacto del resultado chileno trasciende sus fronteras. En Colombia, donde ya se perfila una contienda electoral altamente fragmentada, el proceso chileno es visto como un antecedente clave sobre los riesgos de la polarización y la dificultad de sostener mayorías estables sin consensos amplios.

En redes sociales, el debate fue intenso. Mientras algunos usuarios celebraron el mensaje de cambio enviado por los votantes chilenos, otros advirtieron sobre lecturas simplistas y llamaron a analizar el contexto propio de cada país. En cualquier caso, el resultado en Chile volvió a poner en el centro del debate colombiano una pregunta clave: cómo interpretar las señales regionales sin perder de vista la complejidad del escenario nacional.

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El Centro Democrático oficializó la designación de la senadora Paloma Valencia como su candidata presidencial para las elecciones de 2026, en una decisión que marca un punto de inflexión para el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe. La escogencia busca cerrar filas tras meses de debates internos y proyectar una candidatura con identidad ideológica clara en un escenario electoral cada vez más fragmentado.

Valencia, una de las figuras más visibles del uribismo en el Congreso, asume la candidatura con el respaldo de los órganos directivos del partido y el desafío inmediato de consolidar la unidad interna. Su trayectoria legislativa, caracterizada por una oposición frontal al Gobierno y una defensa constante de las banderas de seguridad, institucionalidad y libre empresa, la posiciona como una candidata de línea dura dentro de la derecha colombiana.

En su primera declaración tras la designación, Valencia afirmó que su campaña buscará “recuperar el rumbo del país” y ofrecer una alternativa clara frente al proyecto político del actual Gobierno. Insistió en que su candidatura no solo representa al Centro Democrático, sino a sectores ciudadanos preocupados por la seguridad, la economía y la estabilidad institucional.

La nominación se produce en un contexto complejo para la oposición. La derecha enfrenta una dispersión de candidaturas independientes y la dificultad de articular una coalición amplia. En ese escenario, la candidatura de Valencia apuesta por fortalecer primero la identidad partidista antes de explorar eventuales alianzas con otros sectores afines.

Analistas coinciden en que su designación mueve de manera sensible el tablero electoral. Por un lado, consolida al Centro Democrático con una candidata definida. Y por otro, obliga a los demás aspirantes del mismo espectro a decidir entre competir de forma independiente o buscar acuerdos de inmediato.

Con esta decisión, el Centro Democrático toma su esperada decisión para entrar en la recta final de  la carrera presidencial. El reto de Paloma Valencia será ampliar su base más allá del electorado tradicional del uribismo y convertir su liderazgo político en una opción competitiva para atraer a toda la oposición frente a la propuesta de izquierda de la actual admnistación.

Colombia entra en una fase decisiva del calendario electoral con la recta final para la inscripción de listas al Congreso y la presentación de firmas de aspirantes presidenciales independientes. Este momento, clave pero silencioso para el gran público, está redefiniendo el mapa político de cara a las elecciones de 2026 y obligando a partidos y candidatos a cerrar decisiones estratégicas que marcarán el resto de la campaña.

En el plano legislativo, el cierre de listas ha expuesto tensiones internas en varias colectividades. La disputa por los primeros renglones —determinantes para asegurar curules— ha provocado reacomodos, renuncias y negociaciones de última hora. Partidos tradicionales buscan equilibrar renovación y continuidad, mientras sectores emergentes presionan por mayor representación. El resultado de estas listas será un indicador temprano de la fortaleza real de cada partido en el próximo Congreso.

En paralelo, la presentación de firmas ante la Registraduría por parte de aspirantes presidenciales independientes ha tomado protagonismo. En los últimos días, varios precandidatos han entregado más de un millón de apoyos ciudadanos, superando con holgura el umbral legal requerido. Estas acciones confirman una tendencia: la apuesta por candidaturas por fuera de los partidos, que muestran desgaste de las estructuras tradicionales ante la opinión.

La coincidencia de ambos procesos —listas y firmas— acelera la definición de alianzas. Algunos sectores evalúan convergencias posteriores al cierre formal, mientras otros optan por mantener independencia hasta medir fuerzas en encuestas o consultas. La división, y sus críticas, siguen siendo el principal fnómeno.

Para analistas electorales, esta etapa funciona como un primer filtro real de viabilidad política. Quienes no logren estructurar equipos, respaldo ciudadano o disciplina interna quedarán relegados antes de que inicie la campaña abierta. Así, la recta final de inscripciones no solo cumple una función administrativa: está trazando, desde ahora, las líneas gruesas de la contienda  legislativa que se avecina en 2026.

Este jueves 11 de diciembre, a seis días del cierre del plazo para inscribir candidaturas ante la Registraduría Nacional, los precandidatos presidenciales Daniel Palacios, Vicky Dávila y Aníbal Gaviria formalizaron la entrega de sus firmas para buscar el aval ciudadano que les permita competir en las elecciones de 2026.

La jornada comenzó en la mañana con el exministro Daniel Palacios, quien afirma registrar 1,3 millones de firmas ante la Registraduría para oficializar su movimiento “Rescatemos a Colombia”. Palacios afirmó que su propósito es “derrotar a los enemigos de Colombia, que no son los que piensan diferente sino los que están fuera de la ley y ponen en riesgo nuestra democracia”. Además, instó a otros aspirantes opositores a unirse para enfrentar al candidato del Gobierno, Iván Cepeda, desde una coalición amplia.

Más tarde, la periodista y aspirante Vicky Dávila declaró presentar 1,2 millones de firmas por medio de su “Movimiento Valientes”. Durante su intervención, Dávila subrayó la importancia de la participación del expresidente Álvaro Uribe en el panorama electoral e hizo un llamado a sectores de oposición contra el Gobierno a “unirse y sumar fuerzas” para las contiendas presidenciales.

Finalmente, en horas de la tarde, Aníbal Gaviria afirmó entregar 1,6 millones de firmas para avalar su candidatura. El exgobernador de Antioquia agradeció el respaldo ciudadano y señaló que su apuesta busca transformar el modelo del Estado hacia una mayor autonomía y descentralización. Gaviria estuvo acompañado por dirigentes como David Luna y Mauricio Cárdenas, con quienes dialoga sobre una posible alianza para definir un candidato común.

Según el reporte de la Registraduría, la fecha límite para presentar firmas es el 17 de diciembre, y entre los aspirantes que ya han entregado documentación están, entre otros, Abelardo de la Espriella, Claudia López, Héctor Olimpo Espinosa, Santiago Botero, Mauricio Lizcano, Mauricio Cárdenas, Gilberto Murillo y David Luna. La entidad deberá validar al menos 630.000 firmas por candidato para otorgarles el aval definitivo.

Foto: Canva/EL ESPECTADOR

Luis Gilberto Murillo, exministro y diplomático colombiano con amplia trayectoria en temas ambientales y de política internacional, oficializó su aspiración presidencial para las elecciones de 2026 como candidato independiente, por medio de la recolección de firmas ciudadanas que busca avalar su participación fuera de los partidos tradicionales. La iniciativa, según sus palabras,  responde al creciente descontento con la polarización política y al deseo de una alternativa moderada que reúna a votantes de distintos sectores.

Murillo, quien se desempeñó como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y, más recientemente, como embajador de Colombia ante Estados Unidos en el gobierno de Gustavo Petro, ha desarrollado su carrera pública con énfasis en sostenibilidad, transición energética y diálogo social. Su postulación independiente busca transmitir un mensaje de unidad y enfoque técnico frente a problemas estructurales como la desigualdad, el cambio climático y la inseguridad.

La recolección de firmas —un mecanismo previsto en la legislación electoral para candidaturas no inscritas bajo un partido político— forma parte de la estrategia de Murillo para demostrar respaldo ciudadano más allá de las estructuras partidistas. Aunque los detalles del número final de firmas aún no han sido certificados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la campaña señala que ha superado los requisitos mínimos legales y continúa movilizando apoyo en diversas regiones del país.

La postulación de Murillo agrega una variable relevante al escenario de 2026, en el que múltiples aspirantes de izquierda, centro y derecha compiten por consolidar una base electoral sólida. Analistas señalan que su perfil técnico y experiencia internacional pueden atraer a votantes moderados y ciudadanos desencantados con las divisiones tradicionales.

La candidatura independiente de Murillo también reabre el debate sobre la representatividad y el peso de liderazgos fuera de las viejas estructuras políticas, en un momento en el que los mecanismos de participación directa como la recolección de  firmas y las consultas directas buscan lograr una mayor importancia ante una ciudadanía exigente y polarizada.

FOTO: Facebook/Luis Gilberto Murillo

En un video difundido en sus redes sociales, el precandidato presidencial Sergio Fajardo extendió este jueves una invitación abierta a la construcción de una “nueva mayoría” para las elecciones de 2026, enfatizando que no cree que las consultas interpartidistas representen la única vía para forjar alianzas sólidas. “¡Bienvenidos todos y todas a construir una nueva mayoría! La consulta no es el único camino para lograr acuerdos”, proclamó el exgobernador de Antioquia en su mensaje que busca reforzar su argumento sobre el creciente descontento con la polarización política en Colombia.

Fajardo, quien el fin de semana anterior rechazó participar en las consultas de marzo de 2026 por considerarlas un mecanismo que beneficia a los extremos ideológicos, reiteró su apuesta por una coalición amplia que trascienda el centro político. “El reto no es liderar el centro; el reto es construir una nueva mayoría capaz de llevar al país adelante”, escribió en X (antes Twitter), respondiendo a una nota de El Espectador que destacaba su capacidad para ganarle al oficialista Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, según la encuesta de Invamer.

El anuncio llega en un contexto de alta actividad electoral. Mientras el Pacto Histórico consolida su maquinaria y el uribismo busca alianzas amplias –incluso Álvaro Uribe ha invitado a Fajardo a unirse–, el antioqueño propone alternativas como encuestas calificadas para depurar candidaturas. “Vamos a construir una nueva mayoría que recoge personas de izquierda, de derecha y centro, que saben el valor de los acuerdos en nuestro país para poder avanzar en contraposición de los extremos que nos dividen en dos bandos”, afirmó en Caracol Radio, donde aclaró que sus conversaciones con otros líderes no buscan “espectáculos”, sino consensos reales.

Sin embargo, no todo es unánime: figuras como Abelardo de la Espriella, quien también descartó las consultas, generan aceptación en el centro por sus posturas en contra del gobierno izquierdista y sus pésimos resultados. Fajardo, no obstante, mantiene las puertas abiertas: “La confianza es la base para construir una nueva mayoría”, concluyó en otro clip.

Con el tablero electoral en ebullición – los mercados financieros anticipan un “trade electoral” y tensiones con EE.UU. por las declaraciones de Trump a Petro–, la propuesta de Fajardo podría reconfigurar alianzas rumbo a la primera vuelta del 31 de mayo. ¿Logrará convocar a la “mayoría silenciosa”sin confrontación? El país observa expectante, y hay dudas muy serias sobre su capacidad para lograr concretar los 6 millones de votos que le hacen falta, según Invamer,  para llevarlo eventualmente a ese escenario de segunda vuelta.

Foto: José Báez / CAMBIO

El sistema de consultas interpartidistas, un mecanismo para unificar candidaturas y reducir fragmentación, vive hoy uno de sus momentos más críticos. Con la renuncia de Abelardo de la Espriella —quien descartó presentarse en la consulta de marzo en favor de una estrategia propia—, y la posterior salida de Sergio Fajardo de la consulta del ¨bloque de centro¨, las coaliciones tradicionales se debilitan y el tablero electoral reconfigura sus piezas.

En la derecha, la decisión de De la Espriella pone en pausa los intentos de presentar un candidato único: la competencia interna se diluye, y la división vuelve a asomar. Ante la falta de consenso, algunos sectores evalúan fórmulas alternativas —desde alianzas flexibles hasta candidaturas independientes— mientras el electorado moderado evalúa las opciones.

Por su parte, en la izquierda y centro-izquierda, la situación también exige reajustes. La salida de algunos aspirantes obliga a reordenar listas, posibles coaliciones y estrategias de unidad. El escrutinio interno, la representatividad regional y la búsqueda de renovación se convierten en factores clave para retener la base de apoyo y atraer nuevos votantes.

De cara al 2026, el futuro de las consultas parece dividido entre quienes las defienden como instrumento de legitimación y quienes apuestan por mecanismos menos institucionalizados: firmas, entradas por movimiento propio o alianzas coyunturales.

Si bien las consultas pierden protagonismo como vía segura hacia la candidatura presidencial, su espíritu –la convergencia de fuerzas– podría permanecer mediante nuevas formas: alianzas pos-consulta, pactos locales, o apoyos fragmentados que terminen en una segunda vuelta impredecible.

En un contexto de relativa volatilidad electoral, la clave estará en la capacidad de los partidos de adaptarse: redefinir sus liderazgos, entender la dispersión del voto y recuperar credibilidad frente al electorado.

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella confirmó hoy, en entrevista con La FM, que no participará en la consulta interpartidista prevista para marzo. La decisión surge tras entregar más de cinco millones de firmas ante la Registraduría, cifra que, según él, lo legitima como aspirante sin necesidad de someter su candidatura a una competencia interna.

De la Espriella explicó que su propuesta inicial contemplaba una encuesta pagada por los candidatos para definir un aspirante único de derecha. Esta propuesta evitaría los costos excesivos y la gran tardanza en la selección que, asegura, generaría la consulta interpartidista.

Con base en la popularidad que representa el gran número de firmas que acompañaron la inscripción e su candidatura, ha optado por declinar su participación en esa consulta en el mes de marzo. Aun así, aseguró que sigue “abierto a la unidad” mediante mecanismos alternativos.

Sobre la recolección de firmas, el aspirante dijo que fue un proceso “orgánico”, con participación ciudadana en varias regiones del país. Dijo que la entrega formal marcó un mandato popular que no puede ignorar, y que su inscripción alternativa le otorga autonomía para competir directamente en la primera vuelta.

Respecto a su fórmula vicepresidencial, De la Espriella indicó que aún no ha definido nombres, y descartó por ahora a una mujer costeña como compañera de fórmula, señalando que esa estrategia se definirá cuando avance la campaña.

De cara a las próximas elecciones, su anuncio pone en tensión los esfuerzos de la derecha por presentar un candidato único y sin divisiones internas. La decisión podría abrir espacio a candidaturas independientes o a otros movimientos en lo que resta de campaña, en un escenario político que ya muestra señales de fragmentación.

Foto: Juan Carlos Sierra - SEMANA

Ante el inminente cierre del plazo para presentar  listas de candidatos al Congreso, el próximo lunes 8 de diciembre (día feriado),  los principales partidos políticos del país enfrentan uno de los momentos más tensos del calendario electoral. La definición de candidatos ha desatado pugnas internas, cambios inesperados y negociaciones de última hora que podrían modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso para el periodo 2026–2030.

En los partidos tradicionales, las directivas intentan conciliar la presión por renovar sus listas con la necesidad de mantener figuras históricas en posiciones privilegiadas. La disputa por los primeros lugares —clave para asegurar curules— ha provocado roces entre sectores regionales y dirigencias nacionales, así como la salida de varios aspirantes hacia movimientos alternativos.

En el sector de derecha y centroderecha, la falta de consenso para una alianza presidencial ha impactado el armado de las listas legislativas. Algunas colectividades han retrasado la confirmación de candidaturas por desacuerdos en la inclusión de dirigentes con caudal electoral propio, lo que podría fragmentar aún más el bloque de oposición.

La izquierda presenta inconvenientes similares. La reciente separación entre el movimiento de Carlos Caicedo y el Gobierno obligó a recalcular la estrategia legislativa del progresismo. Varios partidos del bloque están ajustando sus listas para evitar divisiones adicionales y asegurar cohesión en un momento de recomposición interna.

El centro político vive una disputa distinta: la competencia por atraer figuras independientes que puedan sumar votación en un electorado cansado de la polarización. Esta estrategia, sin embargo, ha generado tensiones por la asignación de los primeros renglones, en los que se concentra la mayor probabilidad de elección.

El cierre de listas, previsto para los próximos días, se perfila como un termómetro clave para determinar la fortaleza real de cada partido. Lo que allí se defina no solo determinará la conformación del próximo Congreso de la República, sino también las alianzas y estrategias que marcarán la conformación del poder legislativo en los próximos 4 años y seguramente influirán también, de manera importante, en la elección presidencial.

La política colombiana llega a la recta previa a 2026 con un elemento en común entre los grandes bloques ideológicos: la división interna. Tanto en la derecha como en la izquierda emergen rupturas que no solo alteran sus cálculos de poder, sino que amenazan su capacidad de consolidar candidaturas competitivas en un escenario electoral cada vez más fragmentado.

En la derecha, la exclusión de Miguel Uribe Londoño del abanico de precandidatos del Centro Democrático confirmó una fisura que se venía gestando desde hace meses. La dirección del partido tomó la decisión tras versiones —rechazadas por el propio Uribe Londoño— según las cuales habría expresado respaldo al abogado Abelardo de la Espriella, figura en ascenso pero ajena al uribismo. Uribe Londoño respondió denunciando un proceso interno poco transparente y aseguró que su salida se basa en “rumores y especulaciones”. Con su retiro, la competencia se reduce a Cabal, Valencia y Holguín, pero la cohesión del partido queda en entredicho: sectores jóvenes pedían su salida, mientras otros temen que la división facilite el crecimiento de candidaturas externas que compiten por el mismo electorado.

Al otro extremo del espectro ideológico, la izquierda enfrenta una ruptura igual de delicada. El líder caribeño Carlos Caicedo se distanció definitivamente del presidente Gustavo Petro, acusando al gobierno de centralismo y de marginar a su movimiento, Fuerza Ciudadana.

El final de estas relaciones no solo tiene un impacto simbólico: Caicedo controla una base electoral significativa en la Costa Caribe, región clave para cualquier aspiración presidencial del Pacto Histórico. Su retiro podría traducirse en una pérdida de votos estratégicos y abrir la puerta a un nuevo actor progresista que compita por fuera del petrismo.

La consecuencia es evidente: tanto la derecha como la izquierda avanzan divididas, con candidaturas y procesos de dipersión y con un electorado que observa cómo los proyectos internos parecen separarse antes que consolidarse. En este clima, los aspirantes alternativos —de centro, independientes o de corte antipolítico— pueden encontrar terreno para crecer, aumentando aún más las tensiones en el panorama político general.

Foto Carlos Caicedo: El Espectador/Mauricio Alvarado

Foto Miguel Uribe Londoño: Caracol radio/Centro Democrático

Una nueva encuesta revelada hoy sitúa al senador Iván Cepeda como el candidato que ha arrancado adelante manteniendo su posición en la carrera presidencial. Según la medición de Invamer, Cepeda obtiene un 31,9 % de intención de voto, por encima de sus competidores registrados, lo que lo sigue manteniendo como principal aspirante dentro del bloque izquierda/progresista.

En la misma encuesta Invamer, detrás de Cepeda, se destacan en la intención de voto el abogado Abelardo de la Espriella con 18,2 % y el exgobernador Sergio Fajardo con 8,5 %, que se presentan como las figuras destacadas hoy en lo que politólogos denominan como la derecha y el centro del espectro político.

La encuesta, realizada con una muestra de 2.080 participantes tras el levantamiento de la veda legal sobre sondeos, también presentó resultados  de escenarios hipotéticos de una posible segunda vuelta.

Esta encuesta refuerza la posición de Cepeda como el candidato que sigue apovechando su temprana designación, justo cuando el calendario electoral avanza hacia 2026 y los partidos comienzan a ajustar sus estrategias. Para muchos analistas, el dato pone en tensión a la derecha y al centro-derecha, obligándolos a replantear sus alianzas y enfoques ante una contienda que podría volverse cada vez más competitiva.

FOTO: SENADO DE LA REPÚBLICA. - IVÁN CEPEDA

En un golpe que resuena como un trueno en el horizonte electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha impuesto sanciones millonarias a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, dejando en jaque la ambiciosa unificación del Pacto Histórico. Con multas que superan los 500 millones de pesos a la Unión Patriótica (UP) y Colombia Humana, el fallo no solo castiga irregularidades en la rendición de cuentas –atribuidas al gerente Ricardo Roa–, sino que bloquea la fusión de estos partidos con el Polo Democrático, el Partido Comunista y el partido Progresistas en una sola fuerza.

La decisión, aprobada por seis votos contra tres, ha desatado una crisis interna en el oficialismo. Gustavo Bolívar, senador del Pacto, alertó en W Radio que “esta sanción deja en vilo las listas unificadas al Congreso de 2026, un pilar de nuestra estrategia para contrarrestar la derecha”. La UP, ya endeudada por el exceso de financiación, analiza seriamente su salida del Pacto, lo que fragmentaría aún más la izquierda en un momento en que encuestas muestran a Petro con aprobación por debajo del 30% y una oposición uribista en ascenso.

El presidente Petro no tardó en reaccionar, tildando el fallo de “trampa judicial” en un trino que acumuló miles de interacciones: “El CNE, controlado por la oligarquía, busca desmantelar nuestra transformación”. Sus aliados, como Armando Benedetti, convocaron una reunión urgente, mientras la UP se retractó parcialmente de su admisión inicial de cargos, abriendo la puerta a un recurso ante el Consejo de Estado.

Analistas ven en esto un boomerang para el petrismo: la imposibilidad de listas unificadas diluye el voto progresista, beneficiando a independientes y a la derecha consolidada. “Es una victoria pírrica para la oposición, pero un desastre para la izquierda, que pierde cohesión en un año clave”, opina el politólogo Rodrigo Uprimny. Con la consulta interpartidista de marzo acechando, el Pacto debe navegar estas aguas turbulentas o arriesgarse a una derrota histórica en 2026.

Esta fractura no es casual: revela las tensiones entre el ideal de unidad y la realidad de deudas y litigios. ¿Podrá Petro recomponer el rompecabezas? El tablero electoral, ya polarizado, se complica con cada sanción.

IMAGEN: WIKIPEDIA

El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso este jueves la sanción más grave que haya recibido jamás una campaña presidencial en Colombia: la de Gustavo Petro (2022-2026).

La campaña deberá devolver al Estado más de 5.300 millones de pesos por exceder los topes de gasto en primera y segunda vuelta y por recibir aportes prohibidos de origen sindical y empresarial.

La decisión, aprobada por mayoría con ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, marca un precedente histórico: nunca antes un candidato ganador había sido castigado formalmente por la máxima autoridad electoral. Entre las irregularidades comprobadas figuran pagos no reportados a 30.256 testigos electorales a través de la firma Ingenial Media SAS, publicidad contratada en Caracol Televisión sin declarar, aportes de la Unión Sindical Obrera (USO) de Ecopetrol y donaciones omitidas de Fecode y la Unión Patriótica.

La senadora Isabel Zuleta (Pacto Histórico) calificó la sanción como “lawfare” y “persecución política orquestada desde los sectores que perdieron en 2022”. En el extremo opuesto, la concejal Diana Diago (Centro Democrático) exigió la renuncia inmediata del presidente Petro: “Quien llega al poder violando la ley no puede seguir gobernando”.

Aunque la sanción es únicamente económica y no implica pérdida de investidura ni inhabilidad inmediata, el fallo llega a seis meses exactos de las elecciones presidenciales de 2026 y enciende la precampaña. Mañana, el Centro Democrático anunciará su candidato único, mientras el Pacto Histórico ya tiene a Iván Cepeda como aspirante oficial.

El país entra así en un terreno desconocido: por primera vez, el debate sobre la legitimidad de origen del actual mandatario se instala en el centro de la discusión electoral. Lo que sigue tendrá un alto grado de contenidos jurídicos, pero sobre todo, políticos

La Unión Europea (UE) confirmó este martes que desplegará una Misión de Observación Electoral (MOE) en Colombia a partir de enero de 2026, en respuesta formal a la invitación del Estado colombiano para acompañar el proceso electoral legislativo y presidencial del próximo año. La noticia fue anunciada por el registrador nacional, Hernán Penagos, quien destacó que se trata de una de las misiones más amplias y estratégicas enviadas por el bloque europeo en la región en los últimos años.

Según Penagos, el despliegue incluirá observadores de larga y corta duración que estarán presentes no solo el día de la votación, sino también durante las etapas previas de alistamiento electoral, inscripción de candidaturas, auditoría técnica y evaluación de riesgos.

“La Unión Europea nos acaba de confirmar que estará desde el mes de enero con un acompañamiento muy grande, tanto en el proceso preelectoral como electoral”, señaló el registrador, subrayando la importancia de reforzar la confianza ciudadana en medio de un clima político polarizado.

Fuentes diplomáticas consultadas explicaron que la decisión se produce tras meses de análisis sobre la viabilidad del acompañamiento y la relevancia que tiene Colombia para la agenda democrática del bloque europeo. La misión evaluará temas como transparencia en el software de escrutinio, condiciones de seguridad para candidatos, garantías para votantes en zonas de riesgo y cumplimiento de estándares internacionales.

El anuncio ocurre mientras distintos sectores políticos han expresado preocupación por el aumento de amenazas contra líderes regionales y aspirantes al Congreso. La presencia de la UE se interpreta como una señal de respaldo al sistema electoral colombiano y como un mecanismo adicional de presión para asegurar que la contienda de 2026 se desarrolle con integridad.

Con este despliegue, la Unión Europea se suma a otros organismos internacionales que han mostrado interés en acompañar el proceso, configurando una de las observaciones multilaterales más robustas en la historia electoral reciente de Colombia.

FOTO: EL PAIS

Margarita Guerra, candidata respaldada por Fuerza Ciudadana y por el exgobernador Carlos Caicedo, resultó elegida este domingo como la nueva gobernadora del Magdalena tras obtener el 56,1 % de los votos en la elección atípica realizada en el departamento. La jornada, que registró una participación cercana al 31 %, se desarrolló bajo un amplio dispositivo de seguridad debido a las alertas de riesgo electoral en la región.

La elección se llevó a cabo después de que el mandato anterior fuera anulado por doble militancia, lo que obligó a convocar nuevamente a las urnas. El Gobierno dispuso 1.650 soldados, verificación biométrica en varios puntos y un refuerzo especial de vigilancia para garantizar la transparencia del proceso, en atención a las advertencias de la Misión de Observación Electoral sobre posibles restricciones a la libre movilización de candidatos.

Con este resultado, Fuerza Ciudadana consolida su control político en el departamento y envía una señal estratégica de cara al reacomodo electoral rumbo a 2026. Analistas coinciden en que la victoria de Guerra fortalece al caicedismo en un momento en el que varias fuerzas nacionales buscan alianzas territoriales y estructuras consolidadas para las próximas elecciones.

En su declaración tras el escrutinio, Guerra afirmó que gobernará “sin exclusiones” y que su prioridad será garantizar continuidad a los proyectos en salud, educación e infraestructura que habían sido impulsados previamente. También hizo un llamado a reducir la tensión política que se ha vivido en el Magdalena durante los últimos meses y afirmó que su administración se enfocará en la gestión social y en el fortalecimiento institucional.

La Registraduría confirmó que no se reportaron incidentes graves que alteraran el proceso, y destacó el comportamiento de los votantes en una jornada considerada clave para la estabilidad política del departamento.

foto: www.margaritaguerra.co

El Centro Democrático volvió a ser noticia este jueves luego de que su dirección política insistiera públicamente en la necesidad de garantizar “reglas claras y total transparencia” en el proceso interno para seleccionar al candidato presidencial que llevará el partido a las elecciones de 2026. La declaración surge en medio de crecientes tensiones internas y cuestionamientos sobre el mecanismo que definirá al aspirante.

Según fuentes de la colectividad, aún no existe un consenso definitivo sobre el método de selección. Mientras un sector insiste en realizar una encuesta nacional supervisada por una firma independiente, otro insiste en un sistema más controlado por el propio partido, incluyendo consultas cerradas con militantes. La falta de acuerdo ha generado inquietud en varios dirigentes, quienes advierten que la indefinición podría afectar la cohesión del partido en un momento clave del calendario electoral.

La discusión tomó fuerza después de que varios congresistas pidieran un proceso “auditado y verificable”, advirtiendo que una encuesta sin controles rigurosos podría quedar expuesta a interferencias externas. La dirección del Centro Democrático reconoció que el debate sigue abierto, pero aseguró que en los próximos días será presentada una hoja de ruta oficial con las fechas y el mecanismo final.

El tema adquiere relevancia adicional porque otras fuerzas de derecha y centro-derecha ya avanzan en sus propios procesos de selección, lo que incrementa la presión para evitar rezagos en la contienda. Analistas consultados coinciden en que la cohesión interna será determinante para que el partido recupere su protagonismo.

La colectividad busca enviar un mensaje de disciplina y claridad a su base, enfatizando que el proceso se realizará con garantías y supervisión, y que  espera que su candidato salga fortalecido para competir en un escenario electoral cada vez más fragmentado.

Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, fue oficializado como el candidato único de la Fuerza de las Regiones, luego de que los demás aspirantes del movimiento declinaran sus precandidaturas. La decisión lo deja como el rostro principal de esta coalición de exmandatarios locales que busca abrirse espacio en la contienda presidencial de 2026.

La plataforma política, integrada por alrededor de cuarenta exalcaldes y exgobernadores de distintos puntos del país, había iniciado un proceso interno con cuatro precandidatos: Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo y Juan Carlos Cárdenas. Sin embargo, en cuestión de semanas, Zuluaga y Cárdenas renunciaron a la contienda interna, despejando el camino para que Gaviria asumiera la representación única del bloque. La coalición mantiene la posibilidad de participar en una consulta con otros sectores independientes en marzo de 2026.

En sus primeras declaraciones como aspirante oficial, Gaviria enfatizó que su campaña se centrará en la descentralización y el fortalecimiento del poder regional, un mensaje que ha reiterado desde el inicio del movimiento. Según el dirigente, las decisiones clave del país deben construirse “desde y con las regiones”, garantizando mayor autonomía para alcaldías y gobernaciones.

Gaviria también ha adelantado aspectos de su propuesta programática, que incluye una reforma tributaria orientada a incentivar la inversión, una revisión técnica del fracking y una reducción del tamaño del Estado mediante la eliminación de algunos ministerios. Estas ideas, afirma, buscan “dinamizar la economía sin aumentar la carga para los ciudadanos”.

Con la oficialización de su candidatura, la Fuerza de las Regiones entra en una nueva etapa, en la que intentará consolidarse como una alternativa nacional con base territorial y un avance que busca corregir el centralismo histórico en Colombia.

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El panorama político colombiano sumó esta semana dos nuevos protagonistas en la contienda presidencial: Héctor Olimpo Espinosa y Juan Fernando Cristo, quienes oficializaron sus aspiraciones en medio de un ambiente marcado por la incertidumbre, el debate sobre la seguridad y la búsqueda de alternativas fuera de la polarización.

Por un lado, Héctor Olimpo Espinosa, exgobernador de Sucre, sorprendió al entregar más de un millón y medio de firmas que respaldan su candidatura por el movimiento ciudadano “Colombia Diferente” que busca representar la voz de las regiones que pretenden un mayor protagonismo a nivel nacional. Espinosa ha centrado su discurso en la juventud, la descentralización y la necesidad de modernizar la gestión pública. Su narrativa apunta a un país que, según él, debe dejar de ser gobernado desde el centro del poder para abrirse a las realidades territoriales.

Al mismo tiempo, Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y una figura con larga trayectoria legislativa, oficializó su candidatura bajo el partido En Marcha. Cristo propone un proyecto de centro amplio, con énfasis en la institucionalidad, el fortalecimiento democrático y la reconciliación política. Su apuesta está orientada a participar en la consulta del llamado Frente Amplio, donde espera consolidar una coalición que atraiga a sectores moderados cansados del radicalismo y del personalismo político.

Aunque los perfiles y estilos de los dos nuevos candidatos son muy distintos, el lanzamiento simultáneo de sus campañas revela un punto en común: ambos buscan capturar el sentimiento ciudadano de renovación y de gestión responsable. Mientras Espinosa se presenta como el rostro emergente de las regiones, Cristo aparece como el abanderado de la experiencia y el diálogo.

Estas dos inesperadas candidaturas  abren un nuevo capítulo, en una contienda que cada día cuenta con más voces que buscan destacar con miras a las elecciones del 2026.

FOTOS: INFOBAE - EL TIEMPO

La magistrada Fabiola Márquez, del Consejo Nacional Electoral (CNE), solicitó el archivo de la investigación administrativa que la entidad adelanta contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la que se señalan presuntas irregularidades en la financiación. En su planteamiento, Márquez considera que se ha violado el plazo legal y denuncia fallos en la contabilización de los términos procesales.

Uno de los ejes de su defensa se basa en la caducidad administrativa: según la ley, las autoridades tienen tres años desde la ocurrencia del hecho para sancionar, un plazo que —argumenta la magistrada— ya se ha agotado. Márquez señala que la investigación se ha dilatado por suspensiones de término injustificadas y errores en el cómputo de días, por lo que, según artículos publicados en el diario El Tiempo, considera que ya no es posible emitir un acto sancionatorio válido.

En su ponencia, la togada también cuestiona la manera en que se han registrado las suspensiones del proceso. Según su versión, los términos se han calculado erróneamente: no fueron 150 días como se alegó, sino apenas 35 días; y en otra suspensión la entidad aludió 80 días cuando en realidad habrían sido 54. Para Márquez, estas discrepancias no son menores: afectarían de manera sustancial la validez del proceso y podrían, en su criterio, viciar la posibilidad de una eventual sanción.

Otra de sus críticas apunta al quórum: asegura que durante las recusaciones de dos magistrados no fue necesaria la suspensión del debate de la ponencia, porque en sala plena aún había el mínimo para deliberar. Según ella, luego de esas recusaciones se mantuvo el quórum decisorio para continuar con el estudio del caso.

Desde el petrismo, este planteamiento ha sido celebrado como un alivio legal importante, pues si la petición prospera, la investigación del CNE podría terminar sin consecuencias, lo que sería un golpe a los esfuerzos de fiscalización electoral. En contraste, la oposición ve un riesgo institucional: que argumentos de forma terminen beneficiando a figuras ya investigadas por financiación irregular.

El episodio llega en un momento de alta tensión política, pues  el control de la financiación de campañas se ha convertido en uno de los temas centrales de debate para la legitimidad democrática en Colombia.

FOTO: UNIVISION NOTICIAS

El nombramiento de César Julio Valencia Copete como nuevo ministro de Justicia marca uno de los movimientos más relevantes del gobierno de Gustavo Petro en los últimos meses. La designación del exmagistrado, reconocido por su amplia trayectoria en la Corte Suprema de Justicia, y por su defensa de la independencia judicial, llega en un momento de tensiones, discusiones sobre reformas y una necesidad de resultados concretos en el sector justicia.

Valencia Copete, abogado con más de treinta años de experiencia en la rama judicial, es recordado por su paso como presidente de la Corte Suprema entre 2007 y 2008, periodo en el que lideró debates clave sobre autonomía, acceso a la justicia y fortalecimiento del sistema penal acusatorio. Su llegada al Ministerio se interpreta, por tanto, como un mensaje doble: por un lado, la intención de reforzar la presencia de figuras técnicas y experimentadas dentro del gabinete; por otro, la apuesta del Gobierno por encauzar las discusiones judiciales en un terreno más institucional y menos político.

Uno de los retos inmediatos para el nuevo ministro es la crisis carcelaria, uno de los problemas estructurales más graves del país. La sobrepoblación, la falta de infraestructura adecuada y los limitados programas de resocialización exigen una reforma profunda que ha sido postergada por décadas. Valencia Copete deberá liderar una agenda que articule esfuerzos entre el Ejecutivo, la Fiscalía, el INPEC y el poder judicial, con el fin de presentar soluciones sostenibles en el corto y mediano plazo.

Otro desafío será la implementación de los componentes de justicia dentro del proyecto de paz total que implica avanzar en los mecanismos de justicia restaurativa, así como el fortalecimiento de la presencia judicial en territorios históricamente abandonados y la coordinación entre entidades como la JEP y la Unidad de Víctimas. Su experiencia en temas de derechos humanos y su trayectoria en discusiones sobre verdad y reparación podrían jugar un papel determinante en este frente.

A nivel político, el nombramiento ha sido interpretado como una decisión que busca disminuir la tensión entre el Gobierno y ciertos sectores judiciales, especialmente en un momento donde las reformas estructurales requieren amplios consensos. La figura de Valencia Copete podría funcionar como puente entre el Ejecutivo y las altas cortes, un gesto necesario para destrabar debates que han venido acumulándose.

El ingreso de César Julio Valencia Copete al Ministerio de Justicia representa una oportunidad para reencauzar la agenda judicial del gobierno en esta etapa.. Su capacidad para combinar rigor técnico, sensibilidad social y manejo político será determinante en la búsqueda de éxitos en el sector justicia en el país.

Foto: Universidad Externado

El ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, denunció que durante la mañana del martes su vivienda en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico) fue objeto de un allanamiento por orden de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la investigación por presuntas irregularidades en la aprobación de la ley que regula certificados psicofísicos para el porte de armas. 

Benedetti aseguró que al operativo acudieron “al menos 30 hombres fuertemente armados”, que le impidieron el acceso, y que presentaba a su esposa e hijos pequeños en la vivienda".

El ministro calificó el diligenciamiento como un “abuso de poder” y afirmó que la magistrada Cristina Lombana, quien autorizó la medida, “está completamente loca, demente y es una delincuente”. 
Por su parte, el presidente Gustavo Petro respaldó a Benedetti y calificó el allanamiento como “secuestro de una familia”, exigiendo que se respeten los derechos al debido proceso. 

La Corte Suprema, a través de su Sala de Instrucción, sigue recabando evidencias para determinar si Benedetti impulsó la norma para beneficiar a la empresa Simetric S.A., que tiene vínculos con el empresario Euclides Torres, en el marco del trámite legislativo original.

Hasta el momento, no se han reportado incautaciones materiales en el domicilio, pero el suceso ha agudizado la tensión política en torno al ministro y la institución judicial.

Foto:  Miguel Gutiérrez (EFE)

La consulta del Pacto Histórico se constituyó en el primer proceso interno de carácter nacional realizado por una coalición política en el actual calendario electoral. Su desarrollo evidenció la capacidad organizativa del movimiento y la importancia de los mecanismos de participación para la definición de candidaturas presidenciales en Colombia.

El resultado posiciona a Iván Cepeda Castro como figura central del bloque progresista, mientras que la doctora Diana Carolina Corcho Mejía, segunda en votación, asumirá la cabeza de lista al Senado, según los acuerdos internos de la colectividad.

Más allá de los nombres, este proceso marca el inicio de una nueva etapa de competencia electoral, donde las distintas fuerzas políticas del país comienzan a perfilar sus estrategias hacia las elecciones de 2026.

El movimiento Pacto Histórico definió la posición de los candidatos que integrarán su lista cerrada al Senado de la República para las elecciones legislativas de 2026.

Según lo establecido por la colectividad, el acuerdo interno determinó que quien obtuviera el segundo lugar en la consulta presidencial encabezaría la lista al Senado. En cumplimiento de ese consenso, la Doctora Diana Carolina Corcho Mejía ocupará el primer lugar, tras lograr esa posición en la consulta interna.

La lista está conformada por 100 aspirantes provenientes de diversos sectores sociales, académicos y políticos. Entre ellos se destacan liderazgos reconocidos y nuevas figuras públicas que obtuvieron resultados significativos, reflejando una participación amplia dentro del movimiento.

El proceso interno tuvo como propósito definir el orden oficial de los aspirantes en la lista que presentará el Pacto Histórico en las elecciones legislativas de 2026.
Durante la jornada se destacó la participación de candidatos con distintas trayectorias y la presencia de nuevos liderazgos que obtuvieron votaciones relevantes dentro de la colectividad.

La lista quedó conformada así, según los resultados oficiales de la jornada interna y el orden aprobado por la coalición para las elecciones legislativas de 2026:

1 DIANA CAROLINA CORCHO MEJIA 678692 M

2 PEDRO HERNANDO FLOREZ PORRAS 185029 7,91% H

3 CARMEN PATRICIA CAICEDO OMAR 74982 3,20% M

4 WILSON NEBER ARIAS CASTILLO 171354 7,32% H

5 LAURA CRISTINA AHUMADA GARCIA 68940 2,94% M

6 WALTER ALFONSO RODRIGUEZ CHAPARRO 137821 5,89% H

7 AIDA YOLANDA AVELLA ESQUIVEL 50120 2,14% M

8 FERNEY SILVA IDROBO 90450 3,86% H

9 YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA 42166 1,80% M

10 CARLOS ALBERTO BENAVIDES MORA 77623 3,31% H

11 SANDRA CLAUDIA CHINDOY JAMIOY 42010 1,79% M

12 JORGE ALEJANDRO OCAMPO GIRALDO 66439 2,84% H

13 MARIA EUGENIA LONDOÑO OCAMPO 35219 1,50% M

14 ALEX XAVIER FLOREZ HERNANDEZ 63995 2,73% H

15 KAMELIA EDITH ZULUAGA NAVARRO 34636 1,48% M

16 AGMETH JOSE ESCAF TIJERINO 48115 2,05% H

17 YAINI ISABEL CONTRERAS JIMENEZ 31747 1,35% M

18 CRISTIAN KEVIN GOMEZ PAZ 47401 2,02% H

19 ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ 27741 1,18% M

20 MARTIN ALONSO CAICEDO CARABALI 40600 1,73% H

21 DEISY JOHANA OSORIO MARQUEZ 16981 0,72% M

22 DAVID RICARDO RACERO MAYORCA 38797 1,65% H

23 DEYCI ALEJANDRA OMAÑA ORTIZ 15980 0,68% M

24 ORLANDO MIGUEL DE LA HOZ GARCIA 38495 1,64% H

25 MARY JURADO PALOMINO 14873 0,63% M

26 ALBERTO MANUEL GASCON GIRALDO 32217 1,37% H

27 ETNA TAMARA ARGOTE CALDERON 13671 0,58% M

28 LUIS GUILLERMO PEREZ CASAS 30711 1,31% H

29 COLOMBIA SOFIA VILLAMIL QUIROZ 13439 0,57% M

30 ROBERT DAZA GUEVARA 27774 1,18% H

31 NELLYS MARIA CADENA ROJAS 12648 0,54% M

32 JULIO CESAR GONZALEZ QUICENO 24764 1,05% H

33 ORSINIA PATRICIA POLANCO JUSAYU 12348 0,52% M

34 DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS 23934 1,02% H

35 SANDRA YANETH JAIMES CRUZ 11075 0,47% M

36 WILLIAM JORGE DAU CHAMATT 22125 0,94% H

37 DORINA HERNANDEZ PALOMINO 9614 0,41% M

38 JORGE ANDRES CANCIMANCE LOPEZ 18153 0,77% H

39 ROSSIH AMIRA MARTINEZ SINISTERRA 9503 0,40% M

40 ALDO ESPINOSA RAPALINO 17050 0,72% H

41 ROSA DEL CARMEN PEREZ TOVAR 9427 0,40% M

42 FELICIANO VALENCIA MEDINA 16324 0,69% H

43 DORIS PATRICIA CARVAJAL LONDOÑO 8642 0,36% M

44 OMAR ANDRES CAMACHO MORALES 15674 0,67% H

45 CLEMENCIA CARABALI RODALLEGA 8498 0,36% M

46 ALIRIO URIBE MUÑOZ 15438 0,66% H

47 ADRIANA MARIA RUIZ HENAO 7146 0,30% M

48 EDGAR ROMERO MACIAS 15151 0,64% H

49 LEYLA MARLENY RINCON TRUJILLO 6568 0,28% M

50 JARRINSON MARTINEZ COLLAZOS 14379 0,61% H

51 DIANA MARCELA GOMEZ CORREAL 6554 0,28% M

52 PLUTARCO TAFUR 14378 0,61% H

53 GLORIA LUCERO HERRERA CONTRERAS 6531 0,27% M

54 WILMAR FERNEY PARDO SANCHEZ 14126 0,60% H

55 JACQUELINE CASTILLO PEÑA 6521 0,27% M

56 DARIO FERNANDO ESCOBAR PEREZ 13284 0,56% H

57 GINA ROSA ROJAS FERNANDEZ 6412 0,27% M

58 ARTURO DE JESUS VILLA SERNA 13054 0,55% H

59 ANGELICA MARIA GUTIERREZ DAZA 6377 0,27% M

60 JAEL QUIROGA CARRILLO 12535 0,53% H

61 LILIA CLEMENCIA SOLANO RAMIREZ 5809 0,24% M

62 ELIECER GERARDO MORALES POLANCO 12478 0,53% H

63 DIANA CAROLINA MEJIA OVIEDO 5543 0,23% M

64 EDUARD GIOVANNY SARMIENTO HIDALGO 12162 0,51% H

65 CATALINA DEL SOCORRO PEREZ PEREZ 4898 0,20% M

66 JOSE DE JESUS CAMACHO GAMERO 11380 0,48% H

67 KAREN YIRLETH GRISALES RIVERA 4832 0,20% M

68 YORDY YUNDA PAJOY 10156 0,43% H

69 RUDY AMANDA HURTADO GARCES 4827 0,20% M

70 JAIME CALDERON HERRERA 10135 0,43% H

71 MARY ANNE ANDREA PERDOMO GUTIERREZ 4537 0,19% M

72 VALENTIN DE LA BARRERA BARRIOS 9586 0,40% H

73 ROSALBA CARDALES SUAREZ 3838 0,16% M

74 OSCAR JULIO RINCON HERNANDEZ 8877 0,37% H

75 LINIBETH CRUZ BAQUERO 3487 0,14% M

76 JORGE IVAN VELEZ CALVO 8473 0,36% H

77 MYRIAM TAMARA CARRERO 2948 0,12% M

78 HORACIO CORREA GARRIDO 8293 0,35% H

79 RUBY STELLA MORALES SIERRA 2759 0,11% M

80 JUAN FELIPE RODRIGUEZ VELEZ 7996 0,34% H

81 NINFA HERRERA DOMINGUEZ 2499 0,10% M

82 ANDRES FELIPE RIOS GIRALDO 7573 0,32% H

83 CLEMENTINA RAMIREZ 2170 0,09% M

84 NELSON MAZABUEL QUILINDO 7502 0,32% H

85 NUBIA ENRIQUEZ HERNANDEZ 1956 0,08% M

86 ALI BANTU ASHANTI 7477 0,31% H

87 ALICIA RAMOS PACHECO 1588 0,06% M

88 LUIS ENRIQUE FLOREZ AGAMEZ 7149 0,30% H

89 YAQUELINE ORELLANO PACHECO 1500 0,06% M

90 MIGUEL VILLANUEVA VARGAS 6739 0,28% H

91 MIGUEL HERNAN HERNANDEZ SANCHEZ 6460 0,27% H

92 GERMAN ENRIQUE BAUTISTA JAIMES 6380 0,27% H

93 LUIS GUILLERMO DUARTE ESCOBAR 6062 0,25% H

94 STALIN ANTONIO BALLESTEROS GARCIA 5463 0,23% H

95 MIGUEL HERNANDO MORENO ARCINIEGAS 5393 0,23% H

96 ROLANDO QUINTERO RAMIREZ 5383 0,23% H

97 ALONSO FERNANDEZ GOMEZ 5366 0,22% H

98 JUAN MANUEL MURILLO MARTINEZ 5251 0,22% H

99 ORLANDO RAFAEL MERCADO VALETA 5030 0,21% H

100 ALEXANDER CHALA SAENZ 4962 0,21% H

Colombia asiste a uno de los procesos judiciales más relevantes de su historia reciente: el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Se trata de un hecho sin precedentes, no solo por la magnitud del personaje, sino por las implicaciones políticas, institucionales y sociales que una eventual condena podría acarrear.

Uribe no es un ciudadano cualquiera. Es un actor central del poder político en Colombia durante más de dos décadas. Fue presidente entre 2002 y 2010, senador, líder de una corriente ideológica dominante, y símbolo —para muchos— de una visión de seguridad y orden. Por ello, su comparecencia ante los jueces pone a prueba no solo la imparcialidad de la justicia, sino también la madurez de la democracia colombiana.

El debate no debería centrarse en si es Uribe o no. De lo que se trata es de reafirmar que nadie está por encima de la ley. La independencia judicial debe prevalecer sin presiones ni reverencias. Si hay pruebas suficientes, el debido proceso debe seguir su curso; y si no las hay, debe garantizarse el derecho pleno a la defensa y a la presunción de inocencia. La polarización no puede contaminar la justicia.

Pero el juicio también deja al descubierto una fractura profunda en la sociedad. La figura de Uribe divide: hay quienes lo consideran un prócer moderno y quienes lo ven como un actor oscuro del conflicto armado. Este juicio no sanará esa división, pero puede convertirse en una oportunidad para que el Estado demuestre que la institucionalidad funciona, incluso ante los más poderosos.

La posible condena de Uribe, si llegara a materializarse, no debería celebrarse como una victoria política, sino entenderse como el resultado de un sistema judicial que se atreve a actuar sin distinción de rango. Y si, por el contrario, resulta absuelto, deberá aceptarse con la misma legitimidad, siempre que el proceso haya sido transparente y respetuoso del orden constitucional.

El desafío ahora no es condenar ni absolver, sino confiar en la justicia, exigir transparencia, y mantener la serenidad democrática en medio del ruido. Colombia necesita menos caudillos y más instituciones.

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