La Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en la revisión de millones de firmas ciudadanas presentadas por aspirantes presidenciales que buscan avalar su candidatura por la vía de los grupos significativos de ciudadanos. Este proceso técnico, que suele pasar desapercibido para la opinión pública, se ha convertido en uno de los filtros más determinantes del calendario electoral rumbo a 2026.
De acuerdo con la entidad electoral, más de una veintena de comités inscribieron su intención de competir sin el respaldo de partidos políticos. Sin embargo, solo una fracción logró radicar efectivamente las firmas requeridas antes del cierre del plazo. Ahora, la Registraduría verifica uno a uno los apoyos entregados, evaluando su validez, autenticidad y cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos la correspondencia con el censo electoral y la ausencia de duplicidades.
Este proceso no solo define quiénes quedarán oficialmente habilitados para competir en la primera vuelta presidencial, sino que también reduce de manera significativa el número de aspirantes reales. En ciclos anteriores, la experiencia ha demostrado que una parte considerable de las firmas presentadas termina siendo anulada, lo que deja fuera de competencia a candidaturas que no alcanzan el umbral mínimo exigido.
La revisión ocurre en paralelo a otros movimientos clave del escenario político. El cierre de listas al Congreso y las discusiones sobre consultas interpartidistas han acelerado negociaciones y reacomodos en todos los bloques ideológicos. Al mismo tiempo, decisiones recientes del Consejo Nacional Electoral en materia de control y financiación de campañas refuerzan el mensaje de mayor rigor institucional en esta etapa temprana del proceso.
Para analistas electorales, el conteo y validación de firmas funciona como un primer “examen de realidad” para los aspirantes independientes. Quienes superen esta fase llegarán fortalecidos al inicio formal de la campaña; quienes no, quedarán fuera antes de que el debate presidencial entre en su fase más visible.
Así, mientras el país comienza a mirar hacia 2026, la Registraduría cumple un papel silencioso pero decisivo: definir quiénes realmente estarán en la línea de partida de la contienda presidencial.
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