La declaración de estado de emergencia económica y social por parte del presidente Gustavo Petro —formalizada mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025— ha generado una intensa reacción tanto en el ámbito político como en el electoral, a menos de seis meses de las elecciones de 2026. El Ejecutivo argumentó que la medida es necesaria para enfrentar una crisis fiscal profunda tras el fracaso de su reforma tributaria en el Congreso, pero ese enfoque ha alimentado un debate de amplias implicaciones nacionales.
Desde lo político, el decreto ha polarizado aún más el ambiente. El Pacto Histórico, movimiento que respalda al presidente Petro, expresó su apoyo al decreto y culpó al Congreso por bloquear una agenda fiscal que, en su opinión, buscaba equidad y sostenibilidad macroeconómica. Por otra parte, los sectores de oposición han denunciado que la emergencia económica es un intento de evasión del control democrático del Legislativo y una muestra de improvisación en la gestión de las finanzas públicas.
El espectro político también se ha visto movilizado por argumentos jurídicos: figuras como la senadora Angélica Lozano han señalado que la emergencia económica podría no cumplir con los requisitos constitucionales para su justificación, advirtiendo sobre una posible revisión por parte de la Corte Constitucional, que podría anular el decreto si concluye que no existe una amenaza económica verdaderamente imprevista.
En términos electorales, la medida influye en varias dinámicas claves de la contienda de 2026. Para el Gobierno, el uso de poderes extraordinarios proyecta una narrativa de liderazgo fuerte frente a crisis fiscal, lo que puede consolidar el apoyo de sectores que perciben la medida como una defensa de programas sociales y derechos esenciales. Sin embargo, la percepción de abuso de poder puede ser aprovechada por la oposición para articular mensajes de defensa del equilibrio de poderes, institucionalidad y respeto al Congreso, temas con alto eco en el electorado moderado.
Además, el decreto y su consecuente debate público han desplazado otras discusiones a la agenda electoral, como las propuestas de candidatos presidenciales y coaliciones, elevando la importancia de la economía y la legalidad institucional como ejes centrales de la campaña que se avecina. En suma, la emergencia económica decretada por Petro no solo plantea soluciones fiscales puntuales, sino que también redefine las prioridades, alianzas y discursos de cara a una de las contiendas más competitivas en la historia reciente de Colombia.
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