El aumento del salario mínimo en Colombia decretado por el gobierno de Gustavo Petro se convirtió rápidamente en uno de los temas políticos más sensibles y polarizantes del debate nacional. Más allá de su impacto económico inmediato, la decisión adquirió un fuerte contenido simbólico y electoral, al tocar directamente el ingreso de millones de trabajadores y buscar redefinir el rol del Estado en la relación entre capital y trabajo.
Desde el Gobierno, el incremento fue presentado como una medida de justicia social orientada a recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación y a garantizar condiciones de vida más dignas para los hogares de menores ingresos. En el discurso oficial, el salario mínimo dejó de ser solo una variable técnica para convertirse en una herramienta de redistribución y de corrección de ¨desigualdades estructurales¨.
Sin embargo, las reacciones políticas y empresariales fueron inmediatas. Sectores de la oposición calificaron el aumento como exagerado y advirtieron que responde más a una lógica populista que a criterios de sostenibilidad económica. Gremios productivos y analistas señalaron los gravísimos riesgos asociados al encarecimiento de los costos laborales, al posible aumento de la informalidad y a presiones adicionales sobre la inflación, especialmente en un contexto de desaceleración económica.
El decreto también dio un durísimo golpe a la mesa de concertación laboral, debilitando el espíritu de consenso tripartito que históricamente ha acompañado la fijación del salario mínimo. Para algunos actores políticos, este hecho refuerza la percepción de un Gobierno dispuesto a imponer sus decisiones a costa del diálogo institucional.
En el plano político-electoral, el salario mínimo se consolidó como una bandera de movilización. Para el petrismo, busca representar una prueba concreta de su compromiso con los trabajadores, quienes posiblemente sufrirán deterioro en su calidad de vida luego del discurso inicial aparentemente positivo; para sus detractores, un ejemplo de intervencionismo con temibles consecuencias futuras como las sufridas en la vecina Venezuela por una medida similar del chavismo en su momento. Así, el debate trasciende lo económico y se instala en el centro de la disputa por el modelo de país, anticipando una gran presencia de este tema en todos los debates, como antesala de las elecciones de 2026.
FOTO: IG INFOCRONOS
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