El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso este jueves la sanción más grave que haya recibido jamás una campaña presidencial en Colombia: la de Gustavo Petro (2022-2026).
La campaña deberá devolver al Estado más de 5.300 millones de pesos por exceder los topes de gasto en primera y segunda vuelta y por recibir aportes prohibidos de origen sindical y empresarial.
La decisión, aprobada por mayoría con ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, marca un precedente histórico: nunca antes un candidato ganador había sido castigado formalmente por la máxima autoridad electoral. Entre las irregularidades comprobadas figuran pagos no reportados a 30.256 testigos electorales a través de la firma Ingenial Media SAS, publicidad contratada en Caracol Televisión sin declarar, aportes de la Unión Sindical Obrera (USO) de Ecopetrol y donaciones omitidas de Fecode y la Unión Patriótica.
La senadora Isabel Zuleta (Pacto Histórico) calificó la sanción como “lawfare” y “persecución política orquestada desde los sectores que perdieron en 2022”. En el extremo opuesto, la concejal Diana Diago (Centro Democrático) exigió la renuncia inmediata del presidente Petro: “Quien llega al poder violando la ley no puede seguir gobernando”.
Aunque la sanción es únicamente económica y no implica pérdida de investidura ni inhabilidad inmediata, el fallo llega a seis meses exactos de las elecciones presidenciales de 2026 y enciende la precampaña. Mañana, el Centro Democrático anunciará su candidato único, mientras el Pacto Histórico ya tiene a Iván Cepeda como aspirante oficial.
El país entra así en un terreno desconocido: por primera vez, el debate sobre la legitimidad de origen del actual mandatario se instala en el centro de la discusión electoral. Lo que sigue tendrá un alto grado de contenidos jurídicos, pero sobre todo, políticos
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