La magistrada Fabiola Márquez, del Consejo Nacional Electoral (CNE), solicitó el archivo de la investigación administrativa que la entidad adelanta contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la que se señalan presuntas irregularidades en la financiación. En su planteamiento, Márquez considera que se ha violado el plazo legal y denuncia fallos en la contabilización de los términos procesales.
Uno de los ejes de su defensa se basa en la caducidad administrativa: según la ley, las autoridades tienen tres años desde la ocurrencia del hecho para sancionar, un plazo que —argumenta la magistrada— ya se ha agotado. Márquez señala que la investigación se ha dilatado por suspensiones de término injustificadas y errores en el cómputo de días, por lo que, según artículos publicados en el diario El Tiempo, considera que ya no es posible emitir un acto sancionatorio válido.
En su ponencia, la togada también cuestiona la manera en que se han registrado las suspensiones del proceso. Según su versión, los términos se han calculado erróneamente: no fueron 150 días como se alegó, sino apenas 35 días; y en otra suspensión la entidad aludió 80 días cuando en realidad habrían sido 54. Para Márquez, estas discrepancias no son menores: afectarían de manera sustancial la validez del proceso y podrían, en su criterio, viciar la posibilidad de una eventual sanción.
Otra de sus críticas apunta al quórum: asegura que durante las recusaciones de dos magistrados no fue necesaria la suspensión del debate de la ponencia, porque en sala plena aún había el mínimo para deliberar. Según ella, luego de esas recusaciones se mantuvo el quórum decisorio para continuar con el estudio del caso.
Desde el petrismo, este planteamiento ha sido celebrado como un alivio legal importante, pues si la petición prospera, la investigación del CNE podría terminar sin consecuencias, lo que sería un golpe a los esfuerzos de fiscalización electoral. En contraste, la oposición ve un riesgo institucional: que argumentos de forma terminen beneficiando a figuras ya investigadas por financiación irregular.
El episodio llega en un momento de alta tensión política, pues el control de la financiación de campañas se ha convertido en uno de los temas centrales de debate para la legitimidad democrática en Colombia.
FOTO: UNIVISION NOTICIAS
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